Las protestas en contra de la planta de reciclaje de escombros en Tibi llegaron ayer al pleno municipal. Los vecinos afectados y varios miembros de Ecologistas en Acción asistieron con pancartas para exigir la paralización del proyecto, mientras que el concejal de Urbanismo, Jorge Martínez, explicó que las movilizaciones «llegan tarde», ya que la implantación y gestión se adjudicó en 2011 y «no estamos a tiempo de rectificar»
Tal y como avanzó este diario, el equipo de gobierno de Tibi llevó a pleno ayer la inclusión de un anexo en el contrato de gestión de la planta de residuos de la construcción y demolición, el cual se adjudicó en 2011 a la UTE RCD's El Aljibe Tibi. La iniciativa, impulsada por el gobierno del PSOE en aquel momento, proyectó la planta de reciclaje en las antiguas minas de arcilla, ubicadas en la partida de Ronesa.
La modificación en el contrato se debe a que recientemente las empresas concesionarias han conocido que continúa vigente el derecho minero, por lo que no pueden actuar en la zona hasta que no se tramite su caducidad. A fin de que no genere perjuicios al Ayuntamiento, el gobierno municipal decidió incluir un anexo en el que consta que los gastos correrán a cargo de los adjudicatarios.
Sin embargo, la reactivación del proyecto después de seis años paralizado, ha provocado el rechazo de los vecinos de las cuatro urbanizaciones cercanas a las antiguas minas de arcilla, quienes asistieron al pleno acompañados por miembros de Ecologistas en Acción, a fin de mostrar su desacuerdo y exigir la paralización.
Antes de iniciar la sesión, la concejal de AIDU, Julia Cartagena, anunció a sus compañeros de corporación que la presidenta de la asociación de vecinos de El Aljibe, Sofía Vílchez, quería intervenir, pero la petición fue denegada hasta que finalizó el pleno.
Llegados al punto en cuestión, tomó la palabra el socialista Jesús Ferrara -alcalde cuando se adjudicó la planta de residuos de la construcción- para recordar que se eligió esa zona por tener poca población y porque había sido una mina de arcilla de la que se habían extraído muchos recursos y era una forma de devolverlos. Además, Ferrara recordó que en 2011 se detectaron hasta 17 escombreras ilegales por el mismo enclave y que era una forma de acabar con ellas.
El concejal de Urbanismo (PP), Jorge Martínez, aseguró a los vecinos que las movilizaciones «llegan tarde», ya que en el pleno no se estaba decidiendo la aprobación de la planta, sino una modificación del contrato. Además, manifestó que el equipo de gobierno no quiere poner trabas ahora y que la caducidad del derecho minero es un trámite que se ha de realizar.
Julia Cartagena -la única que votó en contra- reprochó al gobierno municipal no haber buscado soluciones , ciñéndose a seguir con los trámites. Comentario al que Martínez contestó con «es muy fácil hacer demagogia cuando sabes que es algo que no se puede paralizar» e insistió en que «no estamos a tiempo de rectificar».
Los vecinos y ecologistas permanecieron en silencio durante el pleno, mostrando sus pancartas y al finalizar, Sofía Vílchez tomó la palabra para recordar que han presentado numerosos escritos durante años a todas las administraciones y, que van a continuar con las protestas.
