El sector crítico insiste en que se «instaure la legalidad» en la Asociación de San Jorge y que «no han tenido más remedio» que presentar la demanda en los juzgados para pedir la nulidad de la asamblea celebrada el pasado 4 de octubre, en la que salió elegido Carlos Aracil como presidente de la institución, después de que la directiva desoyese su petición previa de suspender los comicios. Este colectivo considera, tal y como se viene informando, que los estatutos de la entidad vulneran la normativa autonómica y estatal en materia de asociaciones y que el voto para elegir a los representantes festeros debería ser por sufragio universal.

Este grupo, formado por trece festeros y asociados, señala que «con esta actuación no se va en contra de San Jorge, ni de la Fiesta, ni de la Asociación, ni tampoco contra las personas que resultaron elegidas sin legitimación necesaria, sino que el objetivo único es instaurar de una vez por todas la legalidad, para que todo lo referente a nuestra celebración ciudadana mayor discurra impecablemente de acuerdo con ella».

Asimismo, en el comunicado que difundieron ayer en una rueda de prensa, el grupo señala que «queremos hacer hincapié en que acudir al juzgado para que éste dirima la cuestión no obedece a capricho o arbitrariedad alguna, sino al obligado camino de acogerse al mandato constitucional de que toda diferencia que no admite transacción deberá situarse en la sede de los tribunales, que son los únicos que tienen la autoridad al efecto».

Asimismo, Antonio Matarredona, en la comparecencia, señaló que «en el preciso momento en el que nosotros presentamos la demanda, ya está en sede judicial, y eso representa que todos los actos y decisiones que se hayan producido con posterioridad a la presentación de la demanda pueden ser nulos de pleno derecho».

Matarredona, durante la rueda de prensa que también fue ofrecida por Camilo Aracil y Chelo Florencio, indicó respecto al proceso que ha iniciado ahora la Asociación para la reforma de los estatutos que «nos parece muy bien que a estas alturas se quiera hacer una actualización del estatuto, pero también se hubiese podido hacer con una junta gestora o por un proceso constituyente, como se hizo en las Cortes Españolas en la Transición, y no hubiera pasado nada y las Fiestas hubiesen salido a la calle perfectamente».