El socio de Miguel Ángel Agüera que fuera concejal de ADIi en Ibi hasta su expulsión, facturó a la promotora Intersa Levante -la principal constructora del Ayuntamiento- un total de 170.000 euros por «ventas» no precisadas, unos cargos que se produjeron tras abandonar la corporación. Desde las acusaciones particulares se va a solicitar al juez instructor que encargue diligencias para precisar qué trabajos específicos efectuó Intersa, que actualmente está en concurso de acreedores, para el gobierno.
El exedil José Valdés, cuya imputación por cohecho ha sido una de las principales novedades que ha aportado el levantamiento del secreto del sumario, declaró tras dejar el Ayuntamiento unos ingresos de 170.000 euros por ventas a Intersa Levante, en unas operaciones que no están concretadas. Desde las acusaciones particulares se señalaba ayer que la concreción de los trabajos será una de las primeras iniciativas que se plantee al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibi. Hay que significar que Intersa Levante recibió contratos de magnitud del gobierno del PP, como la piscina, el Palacio de Justicia o el polígono industrial, «y en todos los casos hubo sobrecostes», significaron ayer fuentes cercanas al caso.
A la UDEF de la Policía Nacional, además, le ha llamado la atención que alrededor de 90.000 euros pagados por el Ayuntamiento al grupo municipal del PP acabaran en una cuenta corriente cuya titular es la exalcaldesa Mayte Parra, según han subrayado las referidas fuentes. En concreto, los detalles de los extractos ponen de manifiesto que los ingresos municipales se realizaban en una cuenta común de Mayte Parra y Miguel Ángel Agüera -que entonces eran alcaldesa y primer teniente de alcalde y presidente local del PP-, por importe de entre 13.114 euros y 22.100 entre 2006 y 2001, pero que posteriormente en abonos mensuales o trimestrales de 1.100 ó 1.500 euros, se transferían a otra cuenta de la máxima responsable municipal.
Préstamos cuantiosos
Las investigaciones policiales también han determinado que Miguel Ángel Agüera y José Antonio Onsurbe, también exconcejal del PP e imputado por un presunto delito de cohecho, contaban con préstamos de importante magnitud. En concreto, Agüera tenía concedido un préstamo de 300.000 euros y había avalado otro de un familiar allegado por 200.000, según se señala en fuentes próximas al caso, mientras que Onsurbe contaba con otro concedido de 300.000 euros. En ambos casos, los ingresos anuales declarados se situaban alrededor de los 30.000 euros.
Dentro del mismo proceso, la Policía Nacional ha expresado su sorpresa, según consta en autos, por el pago en metálico de 56.000 euros que la CAM aceptó a Agüera, al considerar que esta resolución podría contravenir las disposiciones vigentes en materia de blanqueo de capitales.
Desde las acusaciones particulares se va acentuando la impresión de que «hacen falta muchas investigaciones más» en torno a este proceso, que en estos momentos se están empezando a perfilar, una vez se van estudiando los miles de folios que integran el procedimiento.
