El gobierno municipal del PSOE y EU tiene previsto ampliar la cantidad que reclama a los 13 concejales -12 del PP y 1 del grupo mixto- que aprobaron la construcción del parking y reforma de la plaza de la Rosaleda, hasta cubrir el incremento de costes que comportará la ejecución del nuevo proyecto que se va a redactar.
La edil de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, señaló que la normativa impide reclamar a las constructoras Ortiz y Auplasa una cantidad superior a los 275.000 euros que ya se les han requerido, «pero en el caso de los concejales, a los que se les va a abrir un expediente de responsabilidad patrimonial, no hay límites fijados». Con todo, la edil lamenta que «la pésima gestión de una obra que se impulsó al margen de la legalidad continuará costando dinero a los alcoyanos, porque tal y como se ha demostrado, la entidad que planteó la denuncia -La Carrasca- tenía toda la razón. No se ha de olvidar que los culpables de esta sangría de dinero público son aquellos que hicieron la obra, y no quien denuncia su ilegalidad».
En este sentido, desde el grupo ecologista también se congratulaban de que el Ayuntamiento vaya a exigir responsabilidades, tal y como solicitaron en su momento a través de una moción planteada junto a asociaciones vecinales. M. V.
