Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha ratificado que el derribo de la casa de «Los Palomos» de Castalla fue precipitado, condenando al Ayuntamiento a pagar 3.000 euros de costas. El gobierno local ha anunciado que recurrirá la decisión.
Tal y como informó este diario, un informe pericial dictaminó el pasado verano que el derribo de la casa de «Los Palomos» de Castalla fue «precipitada e improcedente». Ahora, casi un año después, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante lo ha ratificado, condenando al Ayuntamiento a pagar 3.000 euros de costas.
La sentencia, asimismo, anula, por no ajustarse a derecho, determinados actos administrativos, entre ellos dos resoluciones de alcaldía del 13 de marzo de 2014 y del 30 de octubre de 2014, así como una resolución de la Junta de Gobierno Local del 3 de noviembre de 2014. Recordar que en aquel año el gobierno estaba intergado por concejales del PP y de UCiD.
El consistorio, en 2014, declaró la ruina del inmueble y actuó de forma subsidiaria para su demolición. Tras estos hechos, el propietario de la vivienda, Juan Beneito Sapena, demandó a la administración local.
La sentencia se basa en la prueba pericial judicial propuesta por el afectado y realizada por un arquitecto. Éste fue quien ratificó que la construcción demolida se componía de tres edificios de época distinta unidos en una única vivienda, situación que en el proceso que concluyó en derribo no consta. Basándose en unas fotografías y un acta notarial, el perito significó que «no se aprecian grietas significativas» y que, en cualquier caso, se podrían haber reparado y que de no ser así, hubiese supuesto un problema «a largo plazo».
En el informe asegura que «se aprecia una actuación de refuerzo» y que «no se podía dictaminar como en estado de ruina inminente ni peligrosa, y mucho menos de demolición inmediata».
El gobierno local - integrado por Ciudadanos y PSOE- ha anunciado que recurrirá la sentencia y que, en caso desfavorable, exigirá responsabilidades patrimoniales a los responsables.
