La fiscalía solicita provisionalmente una pena de ocho años de cárcel para el exgerente del polideportivo municipal de Ibi por los delitos de malversación y falsedad documental que supuestamente cometió para apoderarse de dinero público. Así se recoge en el escrito de acusación del ministerio público contra el procesado. El juicio por este presunto desfalco, en el que el Ayuntamiento ejerce la acusación particular, se celebrará ante un jurado popular el próximo mes de octubre en la Audiencia de Alicante, según han confirmado fuentes judiciales.
El procesado fue nombrado gerente del polideportivo el 1 de diciembre de 2008 y sus funciones consistían en controlar y planificar los servicios de las instalaciones, supervisar el pago de tasas por parte de los usuarios e ingresar el dinero en las cuentas de la corporación habilitadas a esos efectos. También podía reclamar a la Concejalía de Hacienda «determinadas partidas económicas sin otra supervisión que la suya propia», lo que presuntamente aprovechó para «realizar diversas actividades que defraudaron al erario público ibense», según la fiscalía.
Así, el 7 de julio de 2011 falsificó presuntamente una factura para simular que una empresa había realizado unos trabajos y suministrado material al polideportivo. Seis días después, el consistorio pagó 47.200 euros a esa mercantil, pero el acusado se puso en contacto con su gerente para advertirle de que se trataba de un error. Según la fiscalía, el procesado le pidió que devolviera la cantidad, «previo descuento de 2.000 euros para los perjuicios fiscales» que le podía suponer la transferencia, a una cuenta bancaria que «resultó ser de la hija del acusado».
Del mismo modo, entre septiembre de 2010 y diciembre de 2011, accedió en diversas ocasiones a la caja fuerte del despacho del polideportivo y, según el ministerio público, se apropió presuntamente de un total de 67.524 euros correspondientes a las cantidades en metálico que habían pagado los usuarios de la piscina.
El procesado fue grabado por una cámara de vídeo instalada en la citada oficina mientras se metía el dinero en los bolsillos, imágenes que fueron difundidas con posterioridad por este diario. Por último, la acusación pública sostiene que el 21 de octubre de 2011 recibió de los representantes de la entidad Fútbol Sala Ibense un cheque por importe de 7.339 euros para cubrir un seguro de accidentes colectivo que ingresó en una cuenta de su titularidad, en lugar de hacerlo en las del consistorio.
La fiscalía, que cifra el montante del supuesto desfalco en un total de 122.063 euros, considera al acusado autor de un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con otro de falsedad documental, por los que pide que sea condenado a ocho años de cárcel e inhabilitado otros 19.
