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Medio Ambiente necesita 4,6 millones para extraer los pinos que tiró la nieve

La conselleria advierte de que si no se actúa antes del verano el riesgo de incendios se multiplicará

El temporal de nieve y vientro provocó la caída de muchos árboles, como este en la carretera a Banyeres. juani ruz

La Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente está gestionando con carácter urgente la asignación de un presupuesto extraordinario para hacer frente a la extracción controlada de más de un millón de pinos y otras especies forestales que resultaron abatidos por el temporal de nieve, primero, y por los vendavales que llegaron apenas una semana después de la gran nevada, cuando la tierra se encontraba todavía muy húmeda.

El director general de Medio Natural y de Evaluación Ambiental y exdirector del Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal (CIEF) de la Generalitat Valenciana, Antoni Marzo, sostiene que si estos árboles y/o las ramas abatidas por la nieve o el temporal continúan en el monte cuando llegue el verano, el riesgo de grandes incendios se multiplicará exponencialmente.

Según los informes solicitados por la consellera Elena Cebrián, se requerirían al menos 4,6 millones de euros para poder intervenir y extraer toda la biomasa dañada antes de que suban las temperaturas y la madera se seque.

Después de una inspección detallada de los montes realizada en las últimas semanas, se estima que existen 1.478,6 hectáreas de pinares que han sufrido daños severos (nivel 1), con más de 100 pies (árboles) abatidos por hectárea.

En 4.433,4 hectáreas hay daños de nivel 2, con una estimación de árboles abatidos por las inclemencias meteorológicas de entre 30 y 100 pies por hectárea. En otras 8.866,8 hectáreas se han detectado daños de entre 5 y 30 pies/hectárea correspondientes al nivel 3.

La comarca de Requena-Utiel es la más castigada. La misma nieve que fue capaz de abatir las grandes torres de alta tensión se cebó con el arbolado. Hay 615,6 hectáreas de daños nivel 1. Un total de 1.846,8 de nivel 2 y otros 3.693,6 de nivel 3, según los datos de la conselleria. Le sigue la comarca de los Serranos, con 187,2 hectáreas de nivel 1, cerca de 600 hectáreas en nivel 2 y 1.123 de nivel 3

En conjunto, los montes de utilidad pública en los que la Administración Valenciana puede intervenir directamente representan el 33,5 % de los dañados y requerirían algo más de un millón y medio de euros, aunque el volumen de madera desgajada se encuentra en terrenos particulares donde es «más difícil» articular ayudas y donde la inversión estimada asciende a 3.043.791 euros, según Antoni Marzo.

«La idea es solicitar al Fondo de Contingencias una partida esta misma semana. Si tenemos la garantía de que nos va a llegar, lo que haríamos es utilizar el presupuesto ordinario de la conselleria, el que ya tenemos, y dedicar parte de ese presupuesto a la urgente extracción de la madera. Pero lo primero es confirmar ese dinero porque si no dejaríamos de hacer muchas cosas que tenemos previstas y nos dejaría sin capacidad de gestión forestal este año», explicó.

Los montes privados

Respecto a los montes de titularidad privada o municipal, el 66,5 % de los que presentan daños, la conselleria tiene previsto realizar una petición al Fondo de Contingencias con la intención de habilitar una línea de ayudas, «pero si no agilizamos los plazos no servirán de nada», admitió

«La idea es que mediante una declaración responsable nos presenten un pequeño impreso en el que especifiquen los daños y el compromiso de sacar los árboles abatidos y rotos con la supervisión de los agentes medioambientales. Esa declaración responsable serviría después para tener acceso a las ayudas», explicó Marzo.

«La otra opción es que parte de los proyectos del Plan de Desarrollo Rural para la mejora paisajística y ecológica de montes privados o municipales, en los que están contemplados trabajos selvícolas, clareos, etc... se utilicen para la emergencia, aunque no es una situación deseable ni era lo que perseguíamos con las ayudas», añade Marzo.

La orden de base para estas ayudas se lanzó en septiembre y sigue sin estar aprobada la convocatoria. Una lentitud que exaspera en la conselleria y que no garantiza precisamente que la orden llegue a tiempo de cubrir la intervención en el monte. «Debe faltar poco, pero no depende ya de nosotros», apuntó Marzo.

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