El Consell tiene la intención de asumir el servicio de bomberos forestales que hasta ahora viene prestando Tragsa. El objetivo es que la empresa continúe realizando otras tareas relacionadas con el arreglo de caminos o la agricultura, y que los trabajadores de extinción de incendios pasen a depender de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. La iniciativa es una reivindicación histórica del colectivo, que afirma que la subcontratación ha supuesto una precarización progresiva tanto de las condiciones laborales como del propio servicio.
Los partidos que integran el gobierno autonómico, PSOE y Compromís, han presentado una enmienda al proyecto de ley de creación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, con la finalidad de vincular directamente el colectivo de bomberos forestales a esta nueva institución.
Según ha explicado a este diario el director general de Emergencias, José María Ángel, «un servicio esencial como es el de los bomberos forestales debe ser público», y de ahí que se esté trabajando en esa línea. La intención es que la empresa pública Tragsa continúe desarrollando otras actividades relacionadas con el arreglo de caminos y la agricultura, y que los trabajadores de la extinción de incendios pasen a tener una vinculación directa con la Agencia. «Lo que tenemos que hacer ahora es buscar una fórmula ajustada a derecho», enfatizó el director general.
La noticia, con todo, ha sido recibida con alegría por los afectados, que a través de un comunicado manifiestan que «el paso a la administración es una reivindicación histórica del colectivo de bomberos forestales, como vía para mejorar nuestras condiciones laborales y avanzar en una gestión eficaz del servicio».
Según denuncian, la subcontratación a través de Tragsa «ha supuesto una precarización progresiva del colectivo, que ha visto año tras año cómo hacían oídos sordos a nuestras reivindicaciones».
Los bomberos destacan, además, que desde el cambio en la dirección general de Emergencias, se ha evidenciado todavía más la problemática derivada de la subcontratación. «La propia Conselleria titular del servicio ha sido incapaz de articular mejoras salariales, una segunda actividad o un tercer turno, pese a formar parte de la encomienda firmada con Tragsa. Todo ello sumado a una brecha salarial creciente y unas condiciones laborales discriminatorias respecto al resto de profesionales del ramo», enfatizan.
La consecuencia ha sido la puesta en marcha de una serie de movilizaciones dentro del colectivo profesional «dirigidas a corregir una injusticia histórica».
Con el paso a la administración, enfatizan, «no sólo se consigue un control directo de la gestión por parte de la Agencia, «sino que podrían ahorrarse unos costes de hasta el 30% derivados de las sinergias administrativas y de los sobrecostes por la intermediación mercantilista de Tragsa». Además, añaden, se estaría en el camino de hacer posibles reivindicaciones urgentes como «la segunda actividad, la jubilación anticipada, la categoría profesional, la mejora salarial o la implementación de un tercer turno».
De igual forma, denuncian que hasta ahora el único nexo de unión entre la administración y los trabajadores era a través de la empresa pública Tragsa, «por lo que las carencias del servicio y las reivindicaciones de los profesionales quedaban silenciadas bajo la disciplina férrea de la mercantil».
La enmienda planteada por el PSOE y Compromís está previsto que sea debatida esta próxima semana, existiendo el convencimiento de que pueda salir adelante con el respaldo de Podemos.
Consideración
Cabe reseñar que este no ha sido el único gesto del nuevo gobierno autonómico con el colectivo, cuyos integrantes han pasado de tener la consideración de brigadistas a la de bomberos forestales. Ahora se está a la espera de que el Ministerio avale esta modificación a todos los efectos.
