El Ayuntamiento de Onil ha aprobado un Plan Económico-Financiera para resolver la deuda que ahoga sus cuentas. En concreto, las arcas municipales deben hacer frente a 2.546.769,55 euros pendientes de la sentencia favorable a la familia Salcedo por la expropiación de unos terrenos del casco urbano.

Tal y como viene informando este diario, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) falló a favor de la familia Salcedo en el caso de la expropiación de unos terrenos -ubicados en el casco urbano- obligando al Ayuntamiento a pagar casi 5,5 millones de euros.

Hasta la fecha, la administración local ha abonado 2.943.361,09 euros, pero la cuantía pendiente -2.546.769,55 euros- ha afectado a la estabilidad presupuestaria municipal. Ante esta situación, el equipo de gobierno ha aprobado un Plan Económico-Financiero para alcanzar el equilibrio económico en los ejercicios de 2016 y 2017.

En primer lugar, el documento contempla la liquidación total tanto del principal de la deuda como de los intereses a través de un préstamo, demostrando que la capacidad económica del Ayuntamiento «resulta suficiente para asumir el nuevo compromiso de pago». Asimismo, esta operación impediría que se devenguen más intereses por el incumplimiento de la deuda y, a su vez, corregiría la situación de estabilidad presupuestaria.

Fuentes del equipo de gobierno han explicado que la Mesa de Contratación está valorando las propuestas de las entidades bancarias. No obstante, de no llegar a formalizarse la operación, el Ayuntamiento propuso en su día un plan de pago anual de 636.692,39 euros en el periodo de 2016 a 2019, liquidando la totalidad de los intereses en 2020. El TSJCV todavía no se ha pronunciado al respecto, por lo que desconocen si será aprobado o no, aunque el consistorio ya ha abonado la cuantía correspondiente a 2016.

Como última opción, el gobierno municipal ha asegurado que utilizará de forma prioritaria «el remanente de tesorería para gastos generales», siempre y cuando resulte positivo.

Con todo, el objetivo de la administración local es «satisfacer la obligación económica derivada de la sentencia» para resolver y sanear la situación económica del Ayuntamiento a partir del ejercicio 2017.