El sector juguetero reclama más dureza contra las falsificaciones, con el objetivo de acabar con la sangría de pérdidas económicas y de puestos de trabajo. Un estudio realizado el año pasado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) cifró el impacto anual de las copias ilegales en la UE en 2.300 millones de euros, siendo España el quinto país más afectado, con 167 millones.
El mismo informe también hace referencia a la destrucción de empleos, que en el contexto comunitario es de 13.200 puestos de trabajo y en España de 500. De hecho, se trata del quinto país que sufre con mayor virulencia los efectos de esta lacra, por detrás de Alemania, Reino Unido, Italia y Francia.
Otro efecto pernicioso de las falsificaciones es el importe que dejan de ingresar las arcas públicas de la UE, que asciende a 370 millones de euros en concepto de pérdida de IVA, impuestos sobre la renta, cotizaciones a la seguridad social e impuesto de sociedades.
El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, José Antonio Pastor, destacó que el 16,6% de las ventas de juguetes en España se pierden debido a las falsificaciones, así como el 13,7% de los empleos.
Es por ello por lo que insta a las administraciones competentes a potenciar las inspecciones y, sobre todo, a incrementar las sanciones. «La legislación está ahí, y lo que se tiene que hacer es aplicarla. El problema es que no se está abordando el tema con la importancia que tiene, cuando ha quedado más que demostrado el daño que está haciendo no sólo a nuestro sector, sino a otros muchos».
De hecho, Pastor es de la opinión que este asunto se tiene que abordar desde una perspectiva más genérica que sectorial.
