Todo esto, además, afecta a un colectivo que, desde el primer día, se ha opuesto de forma rotunda al traslado del Palacio de Justicia al casco antiguo. Desde el primer día, el personal se mostró contrario a la decisión unilateral que tomó hace 12 años el gobierno del PP de Jorge Sedano, al entender que esta ubicación provocaba múltiples inconvenientes. Sin embargo, como señaló la juez decana en febrero, la decisión corresponde a la conselleria. M. C.
