El Ayuntamiento de L'Orxa ha remitido al Tribunal de Cuentas la gestión económica del anterior gobierno local del PP encabezado por Gulirremo Moratal. La iniciativa ha sido adoptada después de que un informe realizado por una empresa externa haya situado la deuda municipal en 1,6 millones de euros y haya detectado irregularidades e incumplimientos en el proyecto de construcción del polígono industrial.
Los independientes de Tots per L'Orxa encargaron tras su acceso al gobierno las pasadas elecciones un informe especial de revisión de las cuentas municipales, al objeto de concretar la situación en la que se encuentran las arcas del Ayuntamiento. El estudio en cuestión ya ha sido redactado, y en el mismo se hace constar que el Consistorio presenta un endeudamiento de 1,6 millones de euros más los intereses, lo que, según se hace constar en el documento, es «desproporcionado dada la entidad y número de habitantes de la población», alrededor de 700.
El informe, además, ha detectado una serie de irregularides o incumplimientos, sobre todo en lo relacionado con la gestión del proyecto del polígono industrial y el museo de energías renovables. Entre otras cuestiones, se cita la existencia de dos profesionales que se encargan de la redacción del proyecto de demolición de las antiguas naves de Raduan, que comparten despacho profesional y número de cuenta bancaria, y que en 2008 presentaron dos facturas por idéntica cuantía -10.440 euros-, en lo que, señala el estudio, «podría ser indicativo de un fraccionamiento con el fin d eludir los topes para establecer mesa de contratación». Lo mismo vuelve a suceder en 2010 y con también la misma cantidad.
De igual forma, se hace referencia a incumplimientos de plazos en materia de pagos, lo que obligó a la devolución de hasta 191.000 euros en subvenciones.
En otro de los apartados referidos al polígono y al museo de energías renovables se cita, textualmente, que se ha podido constatar «la desproporción existente entre las cantidades abonadas por el Ayuntamiento para estos proyectos (299.000 euros), de inversiones presupuestadas, con la realidad de dotaciones y equipamientos técnicos que allí se encontraba (mobiliario casi inexistente, servidores de equipos informáticos, tablets en las paredes y murales explicativos de lo que debía ser un polígono eco-industrial y sostenible».
Por último, el informe se centra en una serie de facturas abonadas a dos empresas por la organización de diversas actividades como cursos, talleres u otros servicios, señalando que se desconoce si los precios se corresponden con precios de mercado y si dichos servicios fueron realmente prestados.
Así las cosas, al actual equipo de gobierno ha decidido remitir este informe al Tribunal de Cuentas. Según explicaba el alcalde, Arnaldo Dueñas, «queremos que lo sometan a estudio y que, si consideran que efectivamente hay irregularidades, que se le de traslado a la Fiscalía».
