Un informe pericial dictamina que el derribo de la casa de «los Palomos» de Castalla fue precipitado, al considerar que no se ha constatado que «hubiera peligro para la vía pública». Ante esta situación, el equipo de gobierno ha mostrado su preocupación por el coste que podría supones para las arcas municipales una sentencia desfavorable. De ser así, han anunciado que exigirán que responsabilidades al anterior ejecutivo local.
El alcalde de Castalla, Antonio Bernabeu, ha mostrado su preocupación y la de su equipo de gobierno ante el informe pericial relativo al derribo de la casa conocida como «los Palomos».
Según la documentación facilitada a este diario, el arquitecto encargado de peritar el inmueble se ha basado en las fotografías tomadas ante notario y los informes técnicos. A raiz de ahí, el profesional aclara que «se trata de tres edificios de distinta época», los cuales estaban unidos en una sola vivienda, pero en el proceso que concluyó en derribo no se contempla que se tratase de construcciones diferentes y, por tanto, consideraron que las tres tenían el mismo grado de deterioro, aunque en las imagen -según el arquitecto- se aprecia que «no ocurrió realmente».
Asimismo, el perito asegura que «no apreció grietas significativas o no previsibles en edificios de su edad» y únicamente destaca la de la escalera del jardín y «la existente entre el edificio principal y el situado a su derecha». En cualquier caso considera que se podrían haber reparado y que de no ser así, hubiese supuesto un problema «a largo plazo».
Por otro lado, el profesional destaca que en las instantáneas del sótano «se aprecia una actuación de refuerzo», lo cual significa que el propietario «cumplió su cometido durante años».
«En resumen, mi opinión es que el conjunto de los tres edificios necesitaban una reparación a corto plazo», pero que en el momento en que el notario levantó el acta «no se podía dictaminar como en estado de ruina inminente y peligrosa y, mucho menos, de demolición inmediata», tal y como dictamina el arquitecto, quien, además, califica la actuación de «precipitada e improcedente».
Ante esta situación, el equipo de gobierno teme que el Juzgado de los Contencioso Administrativo Número 3 de Alicante «dé por buenas estas conclusiones y condene al Ayuntamiento», ya que el propietario de la finca «pueda interponen una reclamación económica por daños y perjuicios muy importantes». Por ello, el alcalde ha anunciado que «nuestro abogados están trabajando para evitarlo».
Con todo, Antonio Bernabeu ha recordado que la declaración de ruina y la demolición fue llevada a cabo por el anterior gobierno municipal, encabezado por Juan Antonio Candela y con Juan Antonio Rico al frente de Urbanismo. Además, ha asegurado que en el caso de que el Ayuntamiento sea condenado «extenderemos la responsabilidad a las personas directamente responsables en base a sus actuaciones y por haber provocado ese perjuicio al consistorio».
