El pleno del Ayuntamiento de Alcoy solicitará formalmente la próxima semana la adhesión al Fondo de Impulso Económico (FIE) 2017, en el apartado de cobertura de ejecución de sentencias judiciales, con el fin de liquidar cuentas pendientes por el servicio de basuras y limpieza viaria, el transporte urbano de autobuses y el grupo Ortiz. Mientras la tercera ya era conocida por la rescisión del bulevar, las dos primeras son «nuevas» y se corresponden a pleitos perdidos por servicios atrasados, en un caso hasta de 2007.
El Ayuntamiento, como se recordará, retiró a Ortiz la concesión de la construcción del bulevar, adjudicada por el gobierno del PP de Jorge Sedano, que habría supuesto un desembolso de 27 millones en 20 años, incluyendo obras y mantenimiento posterior. El gobierno de Antonio Francés adujo deficiencias en el proyecto para justificar la retirada, una medida que Ortiz recurrió a los tribunales, que le dieron la razón y condenaron al Ayuntamiento a indemnizarle con 4,4 millones. El consistorio apeló -un proceso que está pendiente de fallo-, pero Ortiz instó y obtuvo el abono cautelar de la compensación. «El juzgado nos aprobó un pago progresivo y entre 2015 y ahora ya se le han abonado 1,4 millones», explica la concejal de Hacienda, Vanessa Moltó.
Ahora, de cara a 2017, el Ayuntamiento contempla el posible pago de 2,4 millones más, a lo que habría que sumar unos 700.000 euros de intereses, «para el caso que la sentencia fuese firme», agrega la edil, en el supuesto de que se ratificase el pronunciamiento inicial.
En segundo lugar, Ayuntamiento ha sufrido otros dos reveses judiciales en los últimos tiempos, por complementos atrasados con las contratas de las basuras y limpieza viaria y los autobuses urbanos. Así, se tendrá que pagar a FCC un total de 442.000 euros por trabajos realizados de más entre 2007 y 2011, al tratarse de una sentencia firme. Lo mismo ocurre con Tuasa, filial del grupo Subús gestora del transporte urbano, que ha conseguido por vía judicial el pago de 827.000 euros, correspondiente a la misma época, aproximadamente.
Así, en el peor de los supuestos, Alcoy tendría que desembolsar el año que viene 4,4 millones por sentencias judiciales, por lo que ha decidido sumarse a este programa, que permitiría conseguir un crédito para hacer frente a este gasto. «Esto ya lo hicimos para el año en curso y lo volvemos a pedir, porque lo contrario tendríamos que hacer frente con el gasto corriente y se bloquearían las inversiones»,señala Moltó.
El Ayuntamiento puede sumarse a este programa porque cumple con los requisitos que fija el Ministerio de Hacienda, y que son el cumplimiento del período medio de pago a proveedores, estar al corriente del envío de información sobre la situación financiera y cumplir con el plan de estabilidad presupuestaria y el nivel de deuda, según subraya la edil.
Así, el consistorio puede afrontar con más comodidad el abono de las sentencias, sobre todo con FCC y Tuasa, a la espera de que pueda llegar la sentencia definitiva sobre Ortiz, que en el seno del gobierno local se confía en que sea favorable a sus intereses.
