El colectivo Salvem el Molinar, de Alcoy, considera que la conselleria de Territorio Isabel Bonig pudo cometer varias «ilegalidades» en la tramitación de la ATE Alcoinnova, referidas a vulneraciones de las normativas de protección ambiental autonómica, nacional y europea y también de acuíferos, en este caso concreto de El Molinar. De hecho, Salvem acaba de recibir del Tribunal Superior de Justicia el expediente completo de la aprobación de la ATE del grupo La Española, habiendo puesto en marcha un proceso de estudio que conllevará la presentación de una demanda antes del próximo 16 de septiembre.

Esta plataforma, que integra a ecologistas, formaciones políticas como Guanyar y Compromís y diferentes entidades ciudadanas, ha visto como, al igual que el Ayuntamiento, el TSJ ha desestimado su demanda de suspensión cautelar de las obras de la ATE Alcoinnova. No obstante, en este caso se ha decidido presentar un recurso de reposición. «De momento vamos a presentarlo ante el TSJ y en función del resultado ya decidiremos si acudimos al Supremo o no», señala Júlia Moltó, una de las portavoces del colectivo.

Desde Salvem, sin embargo, se señala que en estos momentos este aspecto es casi «secundario», toda vez que «la empresa no puede empezar de ninguna manera las obras porque aún ha de someterse a evaluación ambiental el proyecto de urbanización, un procedimiento complejo que puede requerir muchos meses de tramitación».

Acabar

En este sentido, desde la plataforma se ha informado que el TSJ acaba de remitir el expediente completo de la aprobación de la ATE, formalizada de manera definitiva a principios de 2015, «a fin de que podamos presentar la demanda correspondiente, cuyo plazo finalizará el 16 de septiembre». Para Salvem, «en esta nueva fase es cuando se entrará en el fondo del asunto y la defensa legal de la asociación podrá poner de manifiesto todas las ilegalidades de la actuación aprobada por la anterior consellera de Territorio, Isabel Bonig», aspecto que se tratará de poner de manifiesto ante el tribunal.

A la hora de precisar las «ilegalidades» que el departamento de Isabel Bonig habría cometido durante la tramitación, las motivaciones se centran en tres apartados concretos. «La ATE conlleva una reclasificación de suelo protegido, que en el PGOU vigente de Alcoy figura como suelo no urbanizable de protección forestal y paisajística, algo que según la doctrina del Tribunal Supremo no se puede hacer si no ha perdido sus valores y se ha justificado la eliminación, lo que en este caso no ha sucedido», señala Moltó. Además, subraya que es una zona «declarada como de amortiguación el parque natural de la Font Roja y que, por encima de todo esto, forma parte de la Red Natura 2000, de ámbito europeo, que defiende las aves».

En segundo lugar, Salvem el Molinar entiende que se ha producido una «vulnerabilidad hidrológica del acuífero del Molinar», al encontrarse el paraje dentro de su «perímetro de protección» y sin que se hayan contemplado a su juicio estos criterios en la aprobación de la ATE. Por último, atacan la propia tramitación administrativa en la que, «por citar un ejemplo, el estudio de alternativas de ubicación fue meramente simbólico o efectuado como un trámite sin que se acreditaran de verdad otras posibilidades».

Estas argumentaciones serán la base de la demanda que se pondrá en marcha en septiembre, con el objetivo de que el TSJ llegue «al fondo» del procedimiento. Paralelamente, Salvem el Molinar retomará tras el verano actividades reivindicativas que se irán perfilando de forma progresiva a partir de septiembre.