El Ayuntamiento de L'Orxa ha saldado la deuda que mantenía con los herederos de los dos brigadistas muertos y seis heridos en el incendio forestal de 1993, lo que cierra un proceso judicial que se ha prolongado durante 23 años nada menos. La sentencia de la Audiencia de julio de 2002 sólo se había cumplido parcialmente, al haber alegado el consistorio falta de fondos para ejecutarla, pero el nuevo alcalde Arnaldo Dueñas, se fijó como prioridad el abono de las indemnizaciones, «para que las familias pudiesen pasar página», lo que se ha conseguido en los últimos días en la Audiencia Provincial.
A finales de julio de 2002, la Audiencia condenó a Constantino M. encargado de las basuras de L'Orxa, a un año de prisión por un delito de imprudencia. Esta persona pegó fuego a diversos desperdicios en un barranco, lo que originó un incendio forestal que quemó 575 hectáreas de monte «de escaso valor ecológico», como se dijo en su día, pero que acabó con la vida de dos forestales y provocó lesiones a nueve más. El Ayuntamiento fue condenado a pagar 1 millón de euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria.
Para un Ayuntamiento como el de L'Orxa, se trataba de una cantidad muy importante, que con el paso de los años satisfizo de manera fragmentaria; en algún momento, solicitó el apoyo económico de la Diputación, pero la iniciativa no llegó a cuajar. Las familias, especialmente la del alcoyano Ignacio Faulí Arroyo, expresaron su desolación en diferentes ocasiones, la última a través de un reportaje en INFORMACIÓN, en el verano de 2002, coincidiendo con el 19 aniversario de la tragedia, en el que denunciaban que el consistorio había incumplido todos sus compromisos.
La incorporación el pasado año a la Alcaldía de Arnaldo Dueñas, al frente de la candidatura «Tots per L'Orxa», dio un giro al procedimiento, ya que el nuevo primer edil se fijó como objetivo prioritario resolver este asunto. «Para nosotros era prioritario llegar a un acuerdo con las familias, para que se cerrase el caso y pudiesen pasar página». Para ello, el consistorio propuso el pago a los afectados de 252.691 euros, que, paulatinamente, ha sido aceptado, lo que ha permitido cerrar el caso y ejecutar la sentencia de julio de 2002.
El consistorio ha indemnizado a las víctimas en cantidades que oscilan entre los 140.000 y los 491 euros, todo ello con una quita con respecto a las cantidades iniciales que al final ha sido de 214.251 euros, incluyendo más de 156.000 en intereses de demora que han sido descartados.
Así, los herederos de las dos víctimas mortales han recibido 30.000 y 80.000 euros, mientras que los heridos, en función de la gravedad de las lesiones, han percibido 140.000, 20.000, 6.000, 3.200 y 491, en función de las lesiones sufridas. Hay que significar que uno de los forestales que resultó herido ha fallecido, por lo que también en este caso el abono se dirige a sus herederos.
Para el actual consistorio, llegar a este punto ha sido muy complicado «porque el Ayuntamiento está quebrado. De todas formas, pensamos que se tenía que resolver y lo hemos hecho». Así, se ha solicitado y obtenido un crédito a devolver en el plazo de diez años, de los que los dos primeros serán de carencia -sólo se abonarán intereses- y en los ocho restantes se devolverá el capital. Todo esto ha sido posible tras haber obtenido el visto bueno del Ministerio de Hacienda, como ha informado el consistorio a los vecinos a través de un escrito.
Este procedimiento de ejecución se puso en marcha a través de la Sección tercera de la Audiencia de Alicante y se ha oficializado en los últimos días, al haberlo suscrito todas las partes; fuentes cercanas al procedimiento han señalado a este diario que para algunos afectados ha sido «doloroso» aceptar las rebajas propuestas, pero al final se ha llegado al convencimiento de que «jamás habrían cobrado». Hay un plazo de recurso de tres días, pero nadie tiene previsto utilizarlo. Así, se cerrará el caso 000016/2002 del Juzgado de instrucción número 3 de Alcoy.
La tramitación del procedimiento se prolongó durante nueve años a partir del incendio, hasta que el asunto pudo pasar a la Audiencia y celebrarse la vista oral, a principios de julio de 2002. El principal acusado no tuvo reparo en admitir que quemó las basuras, señalando que se quedó en la zona hasta que las llamas desaparecieron y sólo quedó el humo. Sin embargo, el viento acabó reavivándolas y propagando el fuego que subió montaña arriba y acabó llegando al otro lado, a la Vall de Gallinera.
Durante la extinción, un grupo de brigadistas se vio atrapado con el resultado de una tragedia aún hoy espeluznante.
