Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha confirmado la legalidad del requerimiento que en su día efectuó la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ibi, Amparo Pina al Grupo Generala, para que concluyera las obras de urbanización pendientes en la zona de l'Alamí. De esta forma, se ha desestimado la demanda interpuesta por la empresa, al igual que se archivó tiempo atrás la que planteó contra Pina por una supuesta «prevaricación administrativa».
El larguísimo proceso para la urbanización de la zona de l'Alamí de Ibi ha entrado en su última fase, que puede incluso albergar construcciones a corto plazo, en lo que sería la consumación de la finalidad original de 2004. «Estamos en el principio del fin. Aún queda bastante, pero lo tenemos todo planificado y valorado y se ejecutará lo que falta», ha señalado a este diario la propia Amparo Pina.
Tras múltiples inconvenientes, el 24 de junio de 2015 se precipitaban los acontecimientos y el pleno del Ayuntamiento -sólo con los votos del PP y la abstención de los demás grupos- retiraba al Grupo Generala la condición de agente urbanizador y se incautaba de los avales, estimados en 2,7 millones. ¿El motivo? Diversos informes técnicos que corroboraban que faltaba por ejecutar el 20% de la urbanización, que, además, tenía que haber quedado finalizada más de 6 años atrás.
El Grupo Generala se adjudicó en 2004 la urbanización del área de l'Alamí, una zona de 350.000 m2 en la salida hacia Castalla en la que podrían llegar a construirse hasta 1.000 viviendas. Poco después, se suscitó una polémica política al revelarse que había habido ofertas mucho más baratas por el mismo cometido; aparte, se presentaron demandas en los tribunales, todas las cuales fueron desestimadas. De hecho, el TSJ llegó a corrobora la legalidad de la adjudicación efectuada por el gobierno del PP, entonces presidido por Mayte Parra.
El mismo camino ha seguido la demanda de la Generala contra el requerimiento para que acabara las obras, que se encontraban paralizadas. La sentencia, según ha sabido este diario, considera que dicho requerimiento es «un acto de tutela y supervisión que le corresponde a la Administración de forma irrenunciable».
El archivo decretado por el Juzgado de lo Contencioso 3 es firme y sumado a las demás demandas por la misma vía desestimadas, «evidencia de forma inequívoca la intención del urbanizador de no finalizar las obras de l'Alamí», según explican fuentes municipales. En este momento, el Ayuntamiento de Ibi considera que «queda legitimado para poner fin a las obras y poner a disposición de los propietarios y del municipio los terrenos e infraestructuras que comprende dicho sector».
Para cumplir este objetivo, Amparo Pina señala que el Ayuntamiento ya ha contratado los servicios de seguridad y vigilancia del sector, a la vez que ha procedido a gestionar las autorizaciones con Iberdrola y la Entidad de Saneamiento «para la definitiva tranformación de las parcelas en solares».
El gobierno municipal que ahora preside Rafael Serralta dispone de los 2,7 millones de los avales incautados para acabar las obras de urbanización y legalizar las parcelas, lo que abre la vía a que se puedan construir viviendas en la zona.
El proyecto original contemplaba la edificación de hasta 1.000 viviendas en diversas fases, pero los problemas surgidos -que retrasaron la ejecución- y la crisis del ladrillo acabaron bloqueando la iniciativa. De esta forma, en l'Alamí sólo hay solares, aceras y algunas farolas desde hace años, sin utilidad alguna.
