La sección quinta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha estimado parcialmente un recurso de la UTE La Rosaleda (integrada por Ortiz y Auplasa), rebajando a la mitad los 275.320 euros a que había sido condenada por defectos en el proyecto técnico, que habían propiciado que la actuación fuese declarada ilegal. El Ayuntamiento de Alcoy había estimado en unos 500.000 euros el coste de la reparación, de los que ahora, previsiblemente, percibirá un 25%, ya que la sentencia no es recurrible, según ha sabido este diario de fuentes cercanas al caso.
El proyecto de remodelación de la plaza y de construcción del parking subterráneo fue declarado ilegal, como se recordará, por el Tribunal Supremo, al considerar que se había contravenido la normativa del PGOU vigente en materia de zonas verdes. El Ayuntamiento tiene que remodelar la plaza, para lo cual está negociando un nuevo proyecto con la Colla ecologista la Carrasca, pero paralelamente, reclamó una responsabilidad económica a la UTE, al considerar que le correspondía por haber realizado el diseño de la nueva plaza.
Por este motivo, le reclamó el pago de 250.000 euros, una cantidad que estimaba podía suponer el 50% del coste de remodelación de la plaza. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante falló en favor del consistorio, condenando a Ortiz y Auplasa al abono de 275.320 euros.
La UTE, sin embargo, apeló al TSJ, rechazando los argumentos expresados por el Ayuntamiento y destacando que, en su opinión, el proyecto técnico no fue en modo alguno el responsable de los problemas legales posteriores.
Deficiencias «palmarias»
El tribunal entiende, por el contrario, que los proyectos técnicos presentaban deficiencias que «resultan palmarias», a la vez que entiende que el Ayuntamiento «no puede ser exonerado completamente». Por ello, considera que «ambos deben compartir dicha responsabilidad», lo que le lleva a rebajar a la mitad la compensación solicitada, que deja en 137.660,27 euros.
