El Ayuntamiento de Onil ha presentado un plan de pago ante el Tribunal Supremo para liquidar los 2'5 millones de euros pendientes por la expropiación de unos terrenos en los que se iba a construir un parque. La administración local ya ha abonado a los propietarios la mitad de los 4 millones con los que fue sentenciada y está a la espera de que la instancia judicial autorice la propuesta municipal.

En abril de 2015 el Tribuna Supremo emitió una sentencia en la que obligaba al Ayuntamiento de Onil a abonar más de 4 millones de euros a la familia Salcedo por la expropiación de unos terrenos. Dicha actuación tuvo como finalidad habilitar un parque que nunca llegó a término en una zona catalogada como verde y ubicada dentro del casco urbano.

El entonces alcalde de la villa muñequera (PP), José Ramón Francés, en declaraciones a este diario aseguró que la cuantía era desmesurada y que ésta se basaba en «unos baremos de cuando nos encontrábamos en pleno "boom" inmobiliario», así como que se trata de «una parcela que ofrece muy pocas posibilidades, de ahí que ni tan siquiera se haya procedido a hacer el parque».

Al mismo tiempo, el exprimer edil anunció que iban a plantearse un incidente de nulidad contra la sentencia e intentar mantener reuniones con los propietarios para acordar una forma de pago.

Fuera como fuese, el consistorio se ve obligado a efectuar el pago que dicta el Tribunal Supremo, lo cual supone un duro golpe para las arcas municipales, tal y como destacó la actual alcaldesa, Humi Guill, cuando asumió el cargo.

Ahora, casi un año después, la primera edil ha avanzado que han elaborado un plan de pagos que ha sido trasladado a la instancia judicial. El equipo de gobierno lleva meses trabajando en este posible acuerdo, el cual «supone un esfuerzo inmenso», según ha hecho hincapié Humi Guill.

La propuesta municipal consiste en el fraccionamiento del pago de los 2'5 millones de euros restantes, ya que a principio de año efectuaron el abono de otros 2 millones, los cuales estaban presupuestados en 2015. El plazo planteado es de cuatro años, lo que supone 636.000 euros al año, tal y como ha detallado la alcaldesa, quien ha insistido que faltaría calcular bien los intereses, y que la cuantía que faltase se sumaría a la última cuota. Dicha anualidad supone un gran esfuerzo para un ayuntamiento cuyo presupuesto ronda los 5 millones de euros.

«Ahora estamos esperando que el Tribunal Supremo resuelva. No sabemos cuánto tiempo tardará, aunque los expertos nos aseguran que no más de dos meses», ha explicado Guill.

Al margen del plan de pagos, el equipo de gobierno tiene previsto optar a los Fondos Europeos para el Pago de Sentencias y, en tal caso, «esa es la opción prioritaria para liquidar la deuda». La convocatoria de estas ayudas todavía no se ha abierto, aunque según ha señalado la primera edil, es previsible que tenga lugar el próximo mes de julio.

Humi Guill, asimismo, confía en que la resolución del Tribunal Supremo no se demore demasiado, ya que «toda la actividad municipal está condicionada por esa respuesta».