El pleno del Consell aprobó ayer el convenio mediante el cual el Ayuntamiento de Alcoy cederá a la Generalitat el uso de un inmueble municipal para el nuevo Palacio de Justicia, donde se ubicarán los juzgados y la fiscalía del partido judicial y otros servicios para la Administración de Justicia, según informó la vicepresidenta Mónica Oltra. El inmueble, de 3.197 metros cuadrados, está situado en el número 2 de la Placeta Mare de Déu y en él se instalarán los cuatro juzgados de primera instancia e instrucción con los que cuenta el partido judicial, así como la sección territorial de la Fiscalía, el Decanato y el Servicio de Comunicación de Notificaciones y Embargos. El alcalde Antonio Francés ha expresado su confianza en que el traslado pueda consumarse en agosto.
La nueva sede de la Administración de Justicia también contará con una clínica médico-forense, espacios para los miembros de los Colegios de Abogados y Procuradores, así como una sección de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito. Las instalaciones se completarán con los calabozos para los detenidos, la entrada de vehículos policiales y las dependencias para los efectivos de la Guardia Civil encargados de la guarda y custodia del edificio.
El nuevo Palacio de Justicia sustituirá a las actuales y desvencijadas dependencias que estaban repartidas entre la plaza de Al-Azraq número 3, donde estaban tres juzgados, y el local alquilado de la calle Gabriel Miró, donde estaba ubicado el juzgado número 4.
En el nuevo edificio, además de los cuatro magistrados y los correspondientes letrados de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales), trabajarán cuarenta funcionarios de la Generalitat entre gestores, tramitadores judiciales y personal auxiliar.
El convenio establece que el Ayuntamiento hará efectiva la cesión gratuita del edificio por un año, tiempo durante el cual el Consell y el consistorio alcoyano se comprometen a iniciar las gestiones para acordar la forma jurídica más conveniente para que la Generalitat adquiera el uso del inmueble de manera definitiva.
Si durante ese tiempo no fuera posible alcanzar un acuerdo, la Conselleria de Justicia abonará al Ayuntamiento la cantidad de 32.400 euros anuales durante un plazo máximo de tres años. La vicepresidenta Oltra no dudó en calificar de «bueno para la Generalitat» el convenio acordado, que pone fin a once años de situación incierta, ya que las obras se promovieron sin acuerdo alguno.
Precisamente, el alcalde Antonio Francés indicó al respecto que «ahora que el convenio ya es oficial, podemos comenzar a negociar una indemnización al Ayuntamiento», con el fin de que la administración local pueda recuperar los 3,5 millones de euros de inversión que ha invertido en este proyecto. Francés ha expresado su confianza en que será posible llevar a un entendimiento satisfactorio.
Mientras tanto, el Ayuntamiento está preparando el inmueble para que pueda ser ocupado. Así, como se informó el pasado martes, se han habilitado 30.000 euros para efectuar trabajos de reparación y adaptación del recinto, que lleva prácticamente terminado y sin uso cuatro años, lo que ha provocado deterioro y vandalismo. En el día de ayer, de hecho, según precisó el alcalde, se aprobó en la Junta de Gobierno la instalación de nuevos equipos de climatización, debido a que los antiguos fueron sustraídos, en una operación cuyo coste será asumido por la aseguradora municipal.
En último término, el alcalde indicó que el objetivo es que durante el mes de agosto pueda consumarse el traslado, de manera que tras las vacaciones la actividad se retome en las nuevas instalaciones.
