El proyecto Alcoinnova, a través del cual el grupo La Española busca desarrollar un proyecto económico en la zona de La Canal de Alcoy, ya está en el Tribunal Supremo, que en gran manera decidirá sobre su futuro. El alto tribunal ha admitido a trámite, según ha podido saber este diario, el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Alcoy contra la ATE que impulsó la Generalitat bajo el gobierno del PP de Alberto Fabra, al considerar que ha existido una «usurpación de competencias» a la administración municipal en materia de urbanismo.
La decisión del Consell fue recurrida por el gobierno de Antonio Francés por la vía de lo contencioso-administrativo ante el TSJ, que el pasado mes de diciembre falló en favor de la Generalitat, al entender que no se habían vulnerado los derechos municipales en el procedimiento; es decir, la competencia del Ayuntamiento en materia urbanística. De esta forma, se resolvía jurídicamente que el estamento autonómico tenía capacidad para legislar en materia urbanística en un territorio, independientemente del criterio de los gobernantes locales.
El propio Antonio Francés, junto al edil de Urbanismo Manolo Gomicia, anunciaron poco después su decisión de interponer un recurso ante el Supremo, por consejo de los servicios jurídicos municipales. Fundamentalmente, esta apelación se planteaba basándose en que existe otro procedimiento en curso en el TSJ, en este caso contra la aprobación de la ATE. Francés indicó en su día que no hacerlo resultaría «contraproducente» para el segundo procedimiento, que aún está pendiente de dictamen igualmente por la vía de lo contencioso-administrativo.
El consistorio interpuso el recurso ante el Supremo que, en una resolución del pasado 13 de abril y a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, ha decidido admitirla a trámite. El fallo ha correspondido a la sala tercera y ahora pasará a ser tramitado por la Sección Quinta, de acuerdo con la normativa vigente de reparto de asuntos.
De esta forma, el complejo y controvertido proyecto entra en una nueva fase, cuando ya se han cumplido tres años desde que la Generalitat efectuó la aprobación inicial. En febrero de 2013, el gobierno de Fabra lo promovió y acabó aprobándolo en septiembre de 2014, aunque la resolución no fue oficial hasta finales de enero de 2015, a través de un decreto de la Conselleria de Infraestructuras.
Todo el proceso, además, se complicó con el cambio de gobierno autonómico tras las últimas elecciones, al expresar el ejecutivo de Puig su firme convicción de acabar con las ATE, con la excepción de la de Alcoy, al estar aprobada definitivamente; su retirada podría dar lugar en el futuro a costosas indemnizaciones compensatorias para el grupo promotor. De hecho, en estos momentos el plan está pendiente de un dictamen final ambiental de la propia Generalitat para que se pueda solicitar la licencia de obras, según indican las fuentes consultadas. El alcalde ya ha dejado claro que el consistorio está obligado a dar la licencia si cumple con los requisitos legales, porque de lo contrario se podría incurrir en responsabilidades de tipo civil y penal.
De cualquier manera, el complejo proceso está ahora pendiente de la decisión de la Generalitat sobre el estudio ambiental, del TSJ con respecto al contencioso sobre la aprobación de la ATE y del Supremo por el recurso admitido a trámite.
La Española prevé actuar en una zona de casi 500.000 m2, de los que 160.000 se destinarán a albergar empresas, con una previsión de empleo de 750 puestos en una primera fase. El proyecto ha generado polémica porque se ubicaría en la zona de La Canal, en la zona de influencia del acuífero del Molinar y del parque natural de la Font Roja. De hecho, se ha tenido que modificar la reglamentación del parque natural que impedía una actuación de estas características en su territorio.
