El Ayuntamiento de Ibi ha rescindido el contrato de arrendamiento con los dos últimos propietarios de los locales de ocio de la Zona 5 del polígono por el impago de las cuantías pactadas. Las empresas acumulaban una deuda superior a 45.800 euros.
La Zona 5 de Ibi, también conocida como Zona de ocio, está situada a las afueras del casco urbano y albergó cinco locales que con discotecas y pubs acogían el área de diversión local, sin generar molestias en el casco urbano. Desde el primer momento el Ayuntamiento ha tenido que lidiar con el impago de las cuantías pactadas, hasta el punto de tener que recurrir al desahucio e, incluso, aplicar una rebaja del 20% previo pago de los atrasos que adeudaban. Todo esto ha generado notable polémica en el consistorio ibense con el paso de los años, que se está acrecentando ahora con la clausura definitiva.
El volumen de negocio, al parecer, no ha sido el que se había estimado en un primer momento y, según explica la portavoz del PSOE, Susana Hidalgo, «la gente se queda en los pubs del casco urbano hasta que cierran» y muchos de los jóvenes que sí se desplazan hasta la Zona de ocio «no consumen dentro de los locales».
Desde 2010, lo que pretendía ser un espacio dedicado a los jóvenes de la población se ha convertido en un quebradero de cabeza para el equipo de gobierno, que finalmente ha decidido rescindir el contrato de arrendamiento con los propietarios de los dos últimos locales que quedaban abiertos.
La deuda que acumulaban superaba los 45.800 euros e Hidalgo está convencida de que «no ha habido buena gestión; no deberían haber esperado a que las cuantías pendientes fuesen tan elevadas».
Con todo, el complejo ahora está vacía y al menos uno de los cinco locales destrozado, tal y como reconocieron en su día los responsables municipales. Bajo el punto de vista de los socialistas, «hay que replantearse si queremos que continúe siendo una zona de ocio» y entre las propuestas que plantearán al equipo de gobierno está la opción de que «hay muchos grupos de música y jóvenes a los que se les podría ceder».
El proyecto costó 500.000 euros que se financiaron con cargo al Plan E durante 2010.
Ángel Castaño
