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Alcoy aprueba el convenio para trasladar los juzgados con los informes favorables

El Ayuntamiento ratifica el acuerdo, que se prevé sea refrendado en breve por el Pleno del Consell

La consellera Bravo y el alcalde Francés anunciando el acuerdo sobre el Palacio de Justicia. JUANI RUZ

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcoy aprobó ayer el convenio con la Conselleria de Justicia para acometer el traslado de los juzgados, que pasarán de su actual enclave en la plaza Al-Azraq a las dependencias municipales de la Mare de Déu. El alcalde Antonio Francés ha informado que la resolución administrativa está avalada por informes favorables de Intervención y Secretaría municipales, e incluso por la Intervención de la Generalitat. El traslado se prevé que se materialice durante las vacaciones estivales.

Al final, la aprobación del convenio se ha demorado más de lo previsto, explicó el alcalde, porque se ha preferido conocer previamente el punto de vista de la Intervención de la Generalitat. «De esta forma ganamos tiempo, porque de lo contrario habríamos enviado a Valencia y de haberse puesto alguna matización, se habría tenido que repetir el proceso», explicó Francés.

De esta forma, la Junta validó ayer el acuerdo con los informes favorables de Intervención y la Secretaría del Ayuntamiento, junto con la Intervención de la Generalitat. La medida se formalizó por despacho extraordinario, ya que el último informe llegó poco antes de la sesión.

«Ahora, el acuerdo lo enviamos inmediatamente a Valencia para su ratificación por el Pleno del Consell, lo que permitirá poner en marcha el traslado», indicó el alcalde. La voluntad del consistorio y la Generalitat apunta a que el cambio de ubicación pueda formalizarse durante el verano, apuntándose que incluso el 1 de septiembre el servicio judicial podría estar operativo en la plaza de la Mare de Déu, si bien este extremo no ha sido conformado oficialmente.

Antonio Francés ha indicado que los términos del convenio son «los que ya dijimos», en el sentido de que ambas administraciones se dan un plazo de un año para cerrar un acuerdo económico, de manera que el Ayuntamiento pueda recuperar los 3,5 millones invertidos en el acondicionamiento de la sede.

En el supuesto que este extremo no se cumpla, en un año la Generalitat comenzaría a pagar un alquiler de 20.000 euros anuales hasta alcanzar el acuerdo, condiciones que han causado polémica en el seno del Ayuntamiento, especialmente de la mano de Guanyar, que ha denunciado la «ilegalidad» del proceso.

Francés hizo hincapié en que el convenio ha sido aprobado con los informes técnicos favorables necesarios y descartó las dudas planteadas desde algunos grupos.

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