La Junta de Gobierno, presidida por el alcalde Antonio Francés, ha aprobado esta mañana el convenio en el que se marca el traslado y el uso de los nuevos juzgados. El ejecutivo socialista ha dado luz verde a la cesión del edificio de Verge Maria a la Conselleria de Justicia con el aval de los informes.

El departamento presidido por Gabriela Bravo está trabajando en el traslado de los juzgados de instrucción a las nuevas dependencias. Una acción acordada, y que se hizo pública hace unas semanas, y en ella se contempla que el Ayuntamiento -que es la administración que ha sufragado el coste de las obras, cuando la competencia era autonómica- deja utilizar a la administración regional estas instalaciones, situadas en el centro de la ciudad, durante un año «sin contraprestación económica». Ese es el periodo marcado para que ambas administraciones se pongan de acuerdo para que la Generalitat empiece a abonar el dinero que debe a la administración local por este proyecto. En este sentido, y según afirma la edil de Régimen Jurídico Lorena Zamorano, «en el acuerdo queda muy claro que habrá compensación económica, tal y como siempre hemos defendido».

Zamorano, insiste en esta idea, informando que «las dos administraciones tiene la voluntad de, durante este año, formalizar el acuerdo definitivo» pero «en caso de que los trámites administrativos retrasen la firma definitiva, y necesitamos más de un año, haremos una autorización de uso con contraprestación económica por 32.000 euros al año, por un máximo de cuatro años, finalizados los cuales acabaría el contrato».

Por último, la munícipe subraya que «los alcoyanos no pagaremos el coste de un juzgado que es competencia de la Generalitat, que es lo que siempre hemos reivindicado».