El grupo municipal de Guanyar, en Alcoy, denunció ayer que un informe jurídico invalida el pacto para trasladar el Palacio de Justicia, ya que «sólo es viable una cesión de titularidad del inmueble, descartando el acuerdo anunciado por el gobierno local». El alcalde Antonio Francés rechazó rotundamente este extremo, afirmando que el acuerdo con la Generalitat es «una cesión con contraprestación», que entiende perfectamente válido.
Guanyar, como se viene informando, ya denunció ilegalidades en el acuerdo sobre los juzgados entre el Ayuntamiento y la Generalitat, antes incluso de producirse. En este contexto, solicitó un informe jurídico sobre la situación legal del edificio que, una vez elaborado, «es concluyente». Así, apunta que el informe dice que «la conclusión jurídica que se impone no puede ser otra que la imposibilidad legal de arrendar, alienar o realizar cualquier otro negocio jurídico privado, en relación con el edificio, sin la previa desafectación del dominio público».
Para su portavoz, Estefanía Blanes, «este informe agrava y engorda la lista de contradicciones y falsedades que durante el inicio de esta obra hasta ahora se han ido vertiendo, desde el gobierno del PP del tándem Sedano-Peralta como ahora Antonio Francés». Por ello, entiende que la única alternativa posible es «declarar la nulidad del edifico, para que se aclare si se ha rehabilitado de forma irregular y poder pedir responsabilidades».
El alcalde Francés, consultado por este diario, discrepó por completo de esta interpretación. «El acuerdo que se plantea con la Conselleria de Justicia es de una cesión con contraprestación, no es un arrendamiento», manifestó. El Ayuntamiento mantiene la titularidad del inmueble, definido como bien demanial, amparado por el informe, señaló Francés.
