El denominado caso de las bombillas está provocando un auténtico terremoto político en el Ayuntamiento de Castalla. El PP ha exigido al alcalde de Ciudadanos, Antonio Bernabeu, que cese a la concejala y exprimera edil del PSOE Maite Gimeno por estar imputada, mientras que éste, basándose en los servicios jurídicos municipales, niega tal extremo. De hecho, desde las filas socialistas se ha esgrimido el auto del juez en la que se le cita a declarar simplemente como querellada, lo que les lleva a afirmar que está siendo víctima de un linchamiento injusto.

Tal y como ha venido informando este diario, el Tribunal de Cuentas está investigando desde el año pasado el gasto de 121.793 euros en productos de limpieza y 66.292 en bombillas y tubos fluorescentes por parte del gobierno del PSOE, Compromís y Alternativa Base Castalla que estuvo al frente del Ayuntamiento del municipio durante la primera mitad de la anterior legislatura. El edil nacionalista Joan Antoni Cerdá, que estaba al frente de la delegación de Mantenimiento Urbano, presentó su dimisión a raíz de estos hechos, esgrimiendo que se equivocó al fraccionar las facturas y para no perjudicar a su grupo.

Sin embargo, el PP, que gobernó desde mitad del mandato fruto de una moción de censura, presentó una querella por estos conceptos, mientras que el Tribunal de Cuentas iniciaba una investigación.

Transcurrido todo este tiempo, los populares han emitido un comunicado en el que señalan que los juzgados de Ibi han abierto diligencias contra la exalcaldesa socialista Maite Gimeno, así como contra cuatro miembros de la antigua junta de gobierno, Paco Tortosa, Magdalena Durá, Lusa Monllor y el citado Joan Antoni Cerdá quienes, afirman, están actualmente investigados, figura que ha sustituido tras la reforma legal a la de imputados. Por ello reclaman al alcalde de Ciudadanos, Antonio Bernabeu, que cese a Gimeno de su actual cargo de concejal de Turismo, Deportes, Patrimonio y Participación, aplicando de esta forma las líneas rojas que impone su partido.

El alcalde, sin embargo, ha salido al paso de estas aseveraciones, manifestando que Maite Gimeno no se encuentra imputada. «No puedo cesarla porque no está imputada, y los servicios jurídicos del Ayuntamiento así lo avalan», enfatizó. Según el primer edil, «para que una persona esté imputada es necesario que el juez efectúe una serie de acusaciones, y eso no se ha producido». Antonio Bernabeu considera que el PP «tal vez, intenta crear una cortina de humo para ocultar todo lo que le está pasando en materia de corrupción, y de paso intenta desestabilizar al gobierno municipal».

El PSOE, por su parte, difundió ayer un auto judicial en el que Maite Gimeno y el resto de exconcejales son citados a declarar en calidad de querellados, por lo que señala que «sólo desde el rencor y la mala fe se puede entender este linchamiento injusto del PP y el exconcejal Rico Mira». La ejecutiva local socialista, liderada por el secretario general José Antonio Moltó, da 24 horas a los populares para rectificar el comunicado antes de tomar «las medidas legales oportunas». Tras destacar que la compra de bombillas y material de limpieza «no dependía de una concejalía gestionada por el PSOE», tildan en cualquier caso de «mentira» que dicho material «esté caducado e inservible, ya que está siendo utilizado y se va a seguir utilizando». Por último, los socialistas subrayan que el embargo preventivo y solidario decretado por el Tribunal de Cuentas es sobre el conjunto de personas que formaban la junta de gobierno, y no sólo sobre la exalcaldesa.