El Ayuntamiento de Alcoy ha abierto una investigación en torno al secretario de Compromís Màrius Ivorra, por su «situación irregular» al compaginar la dedicación exclusiva municipal con el cargo de administrador de tres empresas «sin haber pedido la compatibilidad». El concejal de Personal, Alberto Belda, dijo que se está estudiando la apertura de un expediente sancionador, mientras Ivorra -que también es secretario general local de Compromís-aseguró ayer tarde que su situación es «completamente legal» y que no ha cobrado «ni un céntimo de las empresas», por lo que entiende que no requiere la compatibilidad.
Belda explicó que el consistorio está estudiando la apertura de un expediente sancionador a Ivorra porque su situación puede ser considerada «grave o muy grave», a la vez que desde el gobierno local del PSOE «se cuestiona la ética política del que es máximo responsable de Compromís en Alcoy y se pide a su portavoz municipal, David Abad, que tome medidas urgentes». Todo eso es consecuencia, según el edil de Personal, de que Ivorra «no ha pedido la compatibilidad pese a trabajar a jornada completa en el Ayuntamiento y ser, al mismo tiempo, a lo largo de 2015 administrador de hasta tres empresas».
Asimismo, desde el gobierno se indica que «se están estudiando a fondo las tres empresas de las que Ivorra es administrador porque hay sospechas más que evidentes de que el cargo haya podido realizar otras irregularidades mucho más graves».
Por su parte, Ivorra, tras recabar asesoramiento especializado, manifestó al respecto que «conforme a la Ley 53/1984 de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, no hay ninguna causa de incompatibilidad en este caso. Si no se ha pedido el reconocimiento de compatibilidad que establece el artículo 14 de la citada ley, es porque la cuestión no se enmarca en ninguno de los supuestos establecidos. Aún así, para evitar cualquier sospecha, puedo solicitar ahora el reconocimiento de la compatibilidad».
Además, el secretario municipal de Compromís quiere dejar constancia de que «no he cobrado nada de ninguna de las empresas; ni un céntimo, ni tampoco estoy dado de alta ni he llegado a cobrar beneficios», por lo que considera que su situación es completamente legal. El gobierno del PSOE ha pedido a Compromís que dé las «explicaciones necesarias».
El «caso» de los 5.000 euros
Por otro lado, David Abad, reiteró ayer sus dudas sobre el pago de 5.000 euros por un informe supuestamente copiado de internet y exigió al gobierno del PSOE «que reclame su devolución e inicie acciones legales contra la empresa, aunque esté en liquidación, personándose como acreedor por presunta estafa o reclamando al seguro por mala praxis».
