El Juzgado de Instrucción número 2 de Alcoy ha ampliado a 1,1 millones de euros la investigación por los sobrecostes en las obrasde ampliación del Teatro Calderón, después de la solicitud cursada en este sentido por el Ayuntamiento. El titular de la sala, además, ha citado a declarar al empresario Enrique Ortiz como representante legal de la mercantil que ejecutó los trabajos. El contratista tendrá que acudir al juzgado el próximo día 17, después de que el pasado jueves esquivase su comparecencia al alegar premura en la citación.

El proceso judicial, como se viene informando, fue incoado tras detectarse obras presuntamente no realizadas por un importe de 164.000 euros. El primero en comparecer ante el juez fue el arquitecto responsable del proyecto, que negó este extremo. Sin embargo, posteriormente también declararon dos peritos que habían analizado las cuentas y la documentación de la obra, elevando respectivamente dichos sobrecostes a 1.245.370 y 1.070.780 euros.

Amparándose en estos informes, el Ayuntamiento se dirigió al juzgado solicitando una ampliación del objeto de la investigación, que a su entender no debía limitarse a los 164.000 euros iniciales, sino a las cantidades aportadas por los peritos, en torno a 1,1 millones.

Esta petición, según las fuentes consultadas por este diario, ha sido atendida por el juez, que ha ampliado la suma que va a ser investigada.

De igual forma, ha citado a declarar a Enrique Ortiz. Como se recordará, inicialmente la citación iba dirigida al representante legal de la empresa que ejecutó las obras de ampliación del teatro, aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha podido concretar que es el propio Ortiz el que ocupa esa condición.

De entrada, en cualquier caso, el empresario ha esquivado la comparecencia. Inicialmente tenía que haber acudido al juzgado el pasado jueves y posteriormente ayer viernes, aunque finalmente se ha aplazado al próximo día 17, tras alegar su abogado premura en la citación.

Tal y como se ha venido informando, el conflicto que se encuentra ahora en manos de la justicia tiene su origen en el acuerdo de la junta de gobierno del Ayuntamiento del anterior ejecutivo del PP liderado por Jorge Sedano, que aprobó una certificación extra de 1,1 millones de euros. Una auditoría encargada por el posterior gobierno de Antonio Francés determinó que esa cantidad no se debería haber pagado.

Las diligencias se han incoado tras una denuncia de la Fiscalía de Alicante, en base a presuntos delitos de falsedad documental y estafa, fundamentados en certificaciones de obras que no estarían justificadas.