Ibi está inmersa en estos momentos en una tremenda polémica urbanística, al haberse difundido que una modificación del PGOU aprobada por el Ayuntamiento en noviembre impide la construcción en parcelas de menos de 10.000 m2 de suelo no urbanizable. En medios locales se asegura que esta medida perjudica a cientos de familias, que tienen parcelas que a partir de ahora son «inservibles».

El PGOU de Ibi, aprobado en 2000, permitía la edificación en parcelas de 5.000 metros en determinadas zonas del término municipal, en una excepción a la ley autonómica que establecía el mínimo de 10.000 m2. De esta forma se legalizaban diferentes zonas ya consolidadas, como Les Deveses, pero ahora será necesario disponer de 10.000 metros para obtener una licencia de construcción.

Los efectos de esta medida se han dejado sentir con posterioridad, cuando ha empezado a trascender que las familias con parcelas de 5.000 metros ya no podrán construir o si deciden vender, el comprador «no podrá solicitar el suministro de servicios básicos como el agua, el gas o la electricidad y, en consecuencia, obtener la licencia de segunda ocupación», según explica la concejal del PSOE Yolanda Venteo. Además, las fuentes consultadas han señalado que se reduce de forma considerable la posibilidad de edificar en el término municipal, lo que puede derivar en un encarecimiento de precios.

A pesar de que la modificación fue aprobada por unanimidad, el PSOE ha pedido en la comisión de Urbanismo la utilización de un procedimiento especial en la normativa autonómica vigente -la LOTUP- para consolidar núcleos de viviendas consolidados, bajo determinadas condiciones. «Nos lo intentaron tumbar con un informe de Medio Ambiente que no estaba detallado, pero al final se dejó sobre la mesa para elaborar el estudio sobre la densidad», señaló Hidalgo.

Sin embargo, la teniente de alcalde de Urbanismo, Amparo Pina, dijo ayer que la modificación legal «adecua nuestro PGOU a la ley» y que «la "legalización" que plantea el PSOE no aporta una consolidación "extra" a las edificaciones existentes», a la vez que supondría que «los vecinos de 5.000 m2 tendrían que sufragar los gastos de urbanización para implantación de los servicios, incluidos los accesos». Por último, asegura que con la iniciativa del PSOE «no se cumpliría la densidad de viviendas por metro cuadrado que exige la ley valenciana, por lo que no resulta aplicable en Ibi».