El Palacio de Justicia de Alcoy se ubicará, definitivamente, en el nuevo edificio de la plaza de la Mare de Déu, después de que, como apuntó ayer este diario, la Conselleria de Justicia y el Ayuntamiento hayan alcanzado un acuerdo a través de un convenio. La consellera Gabriela Bravo y el alcalde Antonio Francés escenificaron ayer el pacto, que prevé el traslado del complejo judicial en un plazo de entre tres y cuatro meses, lo que apunta al mes de junio.
«Hoy, once años después del inicio del proceso y cinco de que acabaran las obras, con seis consellers de Justicia del PP que no lo han resuelto, ahora tenemos una solución que garantiza servicios óptimos a los ciudadanos», manifestó Francés. Esta «solución» se configura a través de la utilización del edificio de la plaza de la Mare de Déu, que pasará a albergar los cuatro juzgados, el Registro Civil, la Fiscalía, la dependencia del Colegio de Abogados y demás instalaciones. De esta forma, no sólo se dejará en desuso el inmueble de Al-Azraq, sino también el local alquilado para el Juzgado número 4 en la calle Gabriel Miró.
La consellera y el alcalde detallaron que el convenio firmado ayer incluye un acuerdo provisional, que deberá ser refrendado por otro definitivo en el plazo máximo de un año. Durante este tiempo, la conselleria no efectuará pago alguno, pero en el supuesto que no se cerrara el pacto en el plazo previsto, empezaría a devengar un alquiler. Bravo, no obstante, dejó claro que el objetivo de su departamento es compensar al Ayuntamiento por la inversión de más de 3 millones de euros efectuada, una operación a través de la cual adquirirá la titularidad del histórico edificio; además, en el proceso de negociación se determinará el futuro del recinto de la plaza Al-Azraq, que en teoría es de propiedad municipal y está cedido en tanto tenga uso como Palacio de Justicia.
En cuanto al desarrollo de la operación, la consellera indicó que, de acuerdo con las informaciones facilitadas por los técnicos, se va a acometer el proceso de inmediato, apuntándose que el traslado pueda efectuarse en un plazo de entre tres y cuatro meses. «Hay que hacer pequeñas obras para reubicar el Registro Civil, que ya está en gestación, y cablear el edificio para la informática y la telefonía», resaltó Bravo.
En cuanto a las dudas sobre la legalidad de la operación suscitadas en los últimos días por Guanyar, la consellera subrayó que «si la obra es ilegal, lo tendrán que decidir los tribunales. Aquí se trata de dar una sede digna a profesionales y ciudadanos, con un proyecto que se hizo tan mal que ni siquiera se preguntó a jueces y fiscales, a los que no se pidió parecer. Ahora, los problemas se han superado y el edificio ha sido visitado por jueces, fiscales y funcionarios, y reúne las condiciones necesarias e imprescindibles».
Francés, por su parte, dijo que «mientras hay quién pone piedras en el camino, otros trabajamos para firmar un convenio en el que interviene también la Conselleria de Hacienda y que permite ocupar el edificio ya».
