18 de febrero de 2016
18.02.2016
Alcoy

Guanyar avisa que el pacto de los juzgados puede ser nulo porque la obra fue «ilegal»

Blanes y Santiago pedirán un dictamen del Consejo Jurídico Consultivo para reclamar al anterior gobierno

18.02.2016 | 01:08

El grupo municipal de Guanyar, a través de Estefanía Blanes y Cristian Santiago, expresó ayer sus dudas en torno al acuerdo que han alcanzado el Ayuntamiento y la Generalitat para el nuevo Palacio de Justicia, al considerar que puede ser nulo en base a que las obras para el nuevo edificio son «ilegales», como de hecho sostienen afirmó el alcalde Antonio Francés en 2013.

De hecho, Santiago y Blanes efectuaron estas afirmaciones con críticas al convenio, cuyo texto no se ha trasladado a los grupos municipales, y que se firmará este mediodía en el Ayuntamiento entre la consellera Gabriela Bravo y el alcalde Francés. Aunque no se ha confirmado oficialmente, todo apunta a que el acuerdo permitirá utilizar el Palacio de Justicia de la plaza de la Mare de Déu.

Guanyar repasó la trayectoria de esta obra, que fue acometida por el gobierno del PP de Jorge Sedano, que arrancó con un presupuesto de 1 millón, pero que acabó costando 3,5. «En realidad, la cifra definitiva fue superior, ya que en su día se admitió que contando los intereses la cantidad global era de 5.360.000 euros», indicaron.

En este contexto, desde Guanyar se afirma que «no conocemos los acuerdos alcanzados, entre responsables del mismo partido, pero hay una cuestión peligrosa para los alcoyanos ya que se está intentando dar carta de naturaleza a otra barrabasada del gobierno del PP». Santiago fue contundente al afirmar que «este proyecto es ilegal y lo estamos pagando todos los alcoyanos. Si tenemos el dinero y los terrenos no podemos pagar un aeropuerto, porque no nos corresponde; pues con la Justicia pasa lo mismo. Y tampoco se pueden permutar los terrenos, porque los de Al-Azraq son una cesión temporal el Ayuntamiento».

Por todo ello, Guanyar solicitará en el próximo pleno que se pida un dictamen del Consejo Jurídico Consultivo que, en su caso, podría permitir reclamar responsabilidades al gobierno del PP. «Queremos una solución definitiva, pero sin hacer la vista gorda a una ilegalidad», dijo Blanes.

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