La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJ) ha archivado la querella presentada por un particular contra la exalcaldesa de Ibi y diputada del PP en Les Corts Mayte Parra por supuestas irregularidades en el proyecto urbanístico de l'Alamí. En su escrito, el querellante acusaba a Parra de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas y alteración del precio de las cosas en subasta o concurso.
La querella se presentó en noviembre, pero la Sala ha resuelto ahora archivar las diligencias «hasta que, en su caso, el juez de instrucción que corresponda concrete la existencia de indicios de criminalidad contra un aforado».
Coinciden los magistrados con la fiscalía en que no hay «decreto alguno» de la entonces alcaldesa en fecha 24 de julio de 2006, «ni tampoco documento alguno que la vincule con los hechos relatados en la querella», salvo su cargo de alcaldesa y presidenta de la junta local de gobierno y del PP de Ibi.
El querellante -un propietario de l'Alamí- denunció la existencia de «un entramado ilícito» en la corporación municipal, con la complicidad de una empresa adjudicataria, para «apropiarse de una ingente cantidad de dinero» que no había sido contabilizado en las arcas municipales. Además, reclamaba al TSJ que investigara un supuesto incremento patrimonial de la alcaldesa, tres concejales y un quinto implicado entre los ejercicios 2003-2008.
El alto tribunal valenciano ha archivado la investigación al no «aparecer objetivados e individualizados» en la querella «aquellos indicios de cierta consistencia o solidez que pudieran servir de base» de la implicación de Parra en «las conductas descritas como constitutivas de infracción penal».
No obstante, en su auto, insta al querellante a acudir, en su caso, a un juzgado de instructor competente por demarcación territorial para que éste determine si realmente existen elementos para incriminar a la aforada.
Nueve demandas sin éxito
Con esta, son ya 9 las demandas contra la alcaldesa archivadas a este vecino de l'Alamí, según ha señalado la actual diputada, que ya había expresado su confianza en que esta última siguiese el mismo camino que los anteriores. Este conflicto se remonta a 2004, a raíz de que el Ayuntamiento ibense adjudicara al Grupo Generala el proeycto de urbanización de l'Alamí, en el que podían llegar a construirse hasta 1.000 viviendas, de las que no se ha levantado ni una.
