La decisión definitiva sobre si el Palacio de Justicia de Alcoy se ubicará en el nuevo complejo de la plaza de la Mare de Déu o se mantendrá en el edificio actual de Al-Azraq, que sería rehabilitado, se adoptará este mes, según ha informado el alcalde Antonio Francés, que se ha mostrado firme en esta convicción. El edificio de la Mare de Déu está terminado y olvidado desde hace más de cinco años que terminaron las obras, en que el Ayuntamiento ha invertido 3,5 millones de euros, que confía en poder reintegrarse.
El pasado 2 de noviembre, la consellera Gabriela Bravo visitaba los edificios judiciales de Alcoy y sembraba dudas sobre el futuro. Lo que parecía una decisión clara tras el cambio de gobierno en la Generalitat hacia el traslado al nuevo edificio, se convirtió en un mar de dudas cuando Bravo indicaba que el asunto se tenía que estudiar.
De hecho, posteriormente, técnicos de la Generalitat acudieron al edificio del centro histórico y lo inspeccionaron y, en fechas recientes, han hecho otro tanto en el de Al-Azraq, que en caso de tener que ser remodelado y reparado necesitaría una inversión de más de 1 millón de euros, de acuerdo con un informe elaborado en la época del conseller Serafín Castellano.
Transcurridos más de tres meses, la Generalitat aún no ha tomado decisión alguna sobre el futuro del Palacio Judicial, pero el alcalde Francés está convencido de que la resolución se conocerá antes de fin de mes, según ha explicado a este diario. De hecho, según ha trascendido, todo apunta a que el acuerdo podría ser inminente -incluso esta misma semana- y que sería en el sentido de utilizar el nuevo inmueble; al parecer existen discrepancias por limar sobre el texto del convenio.
El edificio de Al-Azraq es propiedad de la Generalitat y, en consecuencia, sólo requeriría la reparación para que pudiese ser utilizado con normalidad; en el caso de optarse por el nuevo, el gobierno autonómico tendría que compensar al local por el desembolso de 3,5 millones. Ambas administraciones, en la etapa final del PP, habían pactado un alquiler por dos años y un estudio posterior del reintegro de la inversión.
El conseller Luis Santamaría, que mostró buena predisposición para resolver el problema -sobre todo a raíz de la visita del Fiscal General del Estado, Eduardo Torre-Dulce- no acabó por cerrarlo, posiblemente por los problemas económicos de la Generalitat. Con el cambio, se esperaba una solución inmediata, que de momento está en proceso de estudio, a la espera de que la consellera de Justicia tome una decisión, que, según parece, puede estar a punto de materializarse.
