La Audiencia Provincial será la que se pronuncie sobre si hubo o no responsabilidades en el incendio que en agosto de 2012 causó la muerte de un brigadista y un agente medioambiental, además de seis heridos. Los letrados de las víctimas acudirán a este órgano tras rechazar el Juzgado de Primera Instancia e Instrución número 1 de San Vicente del Raspeig el recurso contra el archivo de la causa. Mientras la titular de la sala se reafirma en la tesis de que el suceso fue fortuito, los afectados insisten en responsabilizar a los mandos de la extinción.
Tal y como ha venido informando este diario, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Vicente del Raspeig decretaba el pasado mes de septiembre el sobreseimiento de la causa que se instruía por el incendio registrado en agosto de 2012 entre los términos municipales de La Torre de les Maçanes, Penàguila y Benifallim. En el siniestro fallecieron el brigadista Emilio Abargues y el agente medioambiental Ernesto Aparicio, al tiempo que resultaban heridos de diversa consideración otros seis integrantes de las brigadas de emergencia.
En el proceso judicial fueron imputados el jefe del Consorcio de Bomberos, Vicente Baeza; un coordinador de Tragsa, Andrés Vicente Pastor; y un sargento de bomberos, Juan Carlos Calles.
En el auto de archivo, la jueza señalaba que «no concurre la necesaria relación de causalidad entre la actuación de los imputados y el siniestro, por cuanto la acción consistente en detener el convoy a mitad de camino y prender un fuego técnico para lograr frenar el frente principal no se ha comprobado que creara un peligro jurídicamente desaprobado».
El fallo se apoyaba en un informe del grupo operativo de investigación de incendios forestales de la Conselleria de Gobernación y Justicia, que no consideraba inadecuada dicha maniobra.
Los abogados de las víctimas recurrieron el sobreseimiento, insistiendo a la hora de responsabilizar de lo ocurrido al coordinador de Tragsa y al sargento de bomberos, a los que acusaban de desobedecer la orden del jefe del Consorcio -que los envió a un cortafuegos situado más allá de donde se produjo el suceso- y detenerse a mitad de camino en un lugar que, consideran, era peligroso, con mucha vegetación, en pendiente y sin salidas.
Además, solicitaban una prueba pericial imparcial, bajo el argumento de que sólo se ha tenido en cuenta el informe de la Conselleria de Gobernación, que está implicada indirectamente en lo sucedido.
Sin embargo, el juzgado de San Vicente del Raspeig, según fuentes cercanas al caso, ha desestimado los recursos, reafirmándose en la tesis de que lo ocurrido tuvo un carácter fortuito.
El asunto, por tanto, pasará a la Audiencia Provincial, toda vez que la única salida que les queda a los abogados de las víctimas es presentar un recurso de apelación ante este órgano judicial. Según ha podido saber este diario, los letrados van a insistir en los argumentos aportados a lo largo de la investigación.
