La reciente sentencia del TSJ que ha ilegalizado, sin posibilidad de recurso alguno, el aparcamiento y los accesos viarios al restaurante McDonald's de Alcoy, ha dejado en el aire los 29 puestos de trabajo que tiene en la actualidad, según han confirmado fuentes de CC OO. El Ayuntamiento, no obstante, cree que hay posibilidades de una solución para el McAuto, que sería el servicio más afectado, y empezará a analizarlas con la empresa la próxima semana, en una reunión prevista con el alcalde Antonio Francés.
El TSJ, como se viene informando, ha aceptado parcialmente un recurso de la Colla Ecologista La Carrasca y anulado el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de 2007 por el que se aprobaba el proyecto para McDonald's, al considerar que se habían utilizado más metros cuadrados de zona verde de los previstos por el PGOU, en un criterio similar al del empleado en la Rosaleda. En términos prácticos, este fallo, contra el que no cabe recurso, ilegaliza la zona del parking y los accesos de vehículos al McAuto, lo que pone en peligro su futuro. Manuela Pascual, secretaria comarcal de CC OO, ha informado que esta empresa tiene en la actualidad 29 empleados, que podrían estar en el aire en estos momentos.
El concejal de Urbanismo, Manolo Gomicia, ha explicado que ha mantenido reuniones con los técnicos de Urbanismo y Arquitectura con el fin de estudiar una posible solución que, de entrada, es factible. «El alcalde se va a reunir la semana que viene con la dirección e McDonald's, para intentar dar una solución entre todos. De entrada, pensamos, a la vista de lo que opinan los técnicos, que es posible ejecutar la sentencia y dar una solución al McAuto, que sería la parte afectada», indica Manolo Gomicia.
De todos modos, cualquier decisión pasará por el punto de vista que adopte la empresa, que podría cuestionarse su continuidad en el caso de quedarse sin el servicio para los automóviles, que durante el fin de semana se presta 24 horas al día.
La empresa obtuvo la contrata del gobierno del PP de Jorge Sedano en 2007, con una duración de 25 años. En el caso de desistir, el Ayuntamiento estaría obligado a indemnizarla por las pérdidas.
