El Ayuntamiento de Alcoy va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar eludir el pago de la sanción de 601.000 euros por los daños registrados por los barrancos en el transcurso de las obras de la urbanización de Serelles. El Consistorio alega indefensión y considera que la multa tendría que asumirla la promotora Luxender, que fue la que ejecutó los trabajos.
Tal y como se ha venido informando, el Tribunal Supremo confirmaba semanas atrás la multa de 601.000 euros al Ayuntamiento por la alteración de los barrancos de la zona de Luxender. En su sentencia resaltaba que los mismos habían perdido su condición de corredor ecológico, entre otras cuestiones al haber quedado interrumpidos por calles.
También destacaba que la declaración de impacto dictada por la Conselleria de Medio Ambiente en 2004 exigía claramente la conservación de los barrancos en su estado natural.
El Ayuntamiento, en cualquier caso, va a plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional, al entender que no le corresponde asumir el pago de esta multa. El alcalde, Antonio Francés, señalaba que «los servicios jurídicos municipales han estudiado la sentencia, y ven viabilidad para la presentación del recurso».
En este sentido, se va a alegar indefensión, sobre la base de que el fallo no está suficientemente argumentado, y también por el hecho de que «la Confederación Hidrográfica del Júcar no dijo absolutamente nada mientras se ejecutaban las obras».
En cualquier caso, donde más énfasis se va a poner es en la consideración de que «la multa la tendría que asumir la promotora Luxender, que es la que ejecutó los trabajos y causó los daños medioambientales».
El Ayuntamiento, al mismo tiempo, solicitará la suspensión provisional de la sentencia mientras el Tribunal Constitucional resuelve el recurso.
De lo que no se va a librar el Consistorio, en cualquier caso, es de acometer las reparaciones exigidas para devolver los barrancos a su estado natural, valoradas en otros 600.000 euros. Según explicó el alcalde, esta actuación se va a acometer con el aval de 3,5 millones que le fue incautado a la empresa Luxender, el cual también servirá para construir el puente y el depósito de aguas de la urbanización.
