El sindicato de Policía Local SIPOL, junto al exjefe Carlos Martín y otros profesionales «consideraron y siguen considerando que los investigados, Sr. Francés, Sr. Martínez y otros, presuntamente cometieron acciones delictivas», por lo que se reafirman en sus denuncias judiciales contra el alcalde de Alcoy y varios concejales. Además, afirman que «ninguna de las denuncias penales está archivada definitivamente» y afirma que se ha abierto juicio oral por un caso de acoso a un funcionario.
El gobierno del PSOE de Alcoy, a través del alcalde Antonio Francés y los ediles Jordi Martínez y Lorena Zamorano, acusaron formalmente a Sipol, al exjefe Carlos Martín y a otros funcionarios de amenazarle por intereses personales y de usar la denuncia penal con un objetivo político, después de que se hubiesen archivado las demandas (posteriormente recurridas por Sipol o la Asociación de jefes de Policía).
Sipol asegura en un comunicado que «las aseveraciones del gobierno municipal sobre el archivo de actuaciones en su contra son falsas; hasta el momento y frente a todas las actuaciones presuntamente arbitrarias de varios miembros del gobierno municipal, se han tenido que denunciar graves hechos, de los cuales han sido ganados los tres procedimientos contencioso-administrativos, impuestos ante los abusos de este gobierno por el funcionariado directamente afectado. en una de las sentencias firmes, inclusive se declara abiertamente la ilegalidad de la actuación del Gobierno» local.
Por otro lado, señala que «en cuanto a las denuncias penales, ninguna está archivada definitivamente, o bien se ha dictado la apertura de juicio oral, como es el caso del presunto delito de acoso laboral contra un funcionario, o bien sigue su curso habiendo sido elevadas a otras instancias». Para el sindicato y demás demandantes, el alcalde y los concejales «presuntamente cometieron acciones delictivas en todas y cada una de las denuncias formuladas y por ello procedieron a denunciarlo ante las autoridades judiciales, cuestión que volverían a hacer y harán, sin ningún género de dudas, en el supuesto de que nuevamente se produzcan acciones de calado delictivo, porque es nuestro derecho como ciudadanos y nuestra obligación como policías». También dice que es «la única vía disponible en defensa y amparo de nuestros derechos».
En otro momento, se acusa al gobierno de haber «querido manipular mediáticamente los acontecimientos que se daban en los distintos procedimientos judiciales», a la vez que resalta «la falta de tacto y ética política de nuestros gobernantes, al atacar pública y directamente a determinados funcionarios, con nombres y apellidos, con la única intención de coartar sus derechos como ciudadanos». Por último subraya su falta de voluntad de diálogo «para solucionar el problema creado en la Policía Local».
