El Ayuntamiento de Alcoy, vía su defensa jurídica, ha solicitado al juez del Juzgado de Instrucción número 2 que eleve a 1,2 millones de euros el montante de las diligencias previas en curso para dilucidar posibles sobrecostes en las obras de ampliación del Teatro Calderón, que ejecutó el grupo Ortiz. Este proceso, como se viene informando, se ha incoado tras detectarse obras presumiblemente no realizadas por importe de 164.000 euros, extremo que fue negado rotundamente por el arquitecto responsable del proyecto durante su comparecencia.
Con posterioridad, comparecieron ante el juez los dos peritos que han analizado las cuentas y la documentación de la obra del Teatro Calderón -que se presupuestó en 1,6 millones y acabó costando 12-, detectando desfases superiores, según la informaciones recabadas por este diario. En concreto, una perito elevó el importe a 1.245.370 euros, mientras el segundo lo concretó en 1.070.780 euros.
Amparándose en estos informes técnicos, la defensa jurídica del Ayuntamiento se ha dirigido al juzgado solicitando que se amplíe el objeto de la investigación, que a su juicio no debe limitarse a los 164.000 euros sino incorporar las cantidades señaladas por los peritos, que supondrían entre 900.000 y 1,1 millones más a devolver a las arcas municipales.
En segundo lugar, el consistorio también insta que se aclare qué personas tenían poder para operar en las cuentas bancarias de la empresa Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SA, que fue la adjudicataria y ejecutora de la remodelación y ampliación del Teatro Calderón. La petición incluye la demanda de las escrituras de poder otorgadas, a través del correspondiente oficio al Registro Mercantil. De esta forma se pretende aclarar el «galimatías» suscitado la semana pasada, cuando Enrique Ortiz, que había sido citado por el juez, no compareció y en su lugar lo hizo un apoderado legal, pero posteriormente no quedó claro quién era el represente legal de la empresa en aquel momento.
Una vez se resuelva esta indefinición legal, se procederá a la citación correspondiente, con el fin de aclarar un asunto complejo. El fondo de esta demanda se suscita en el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, integrada por ediles del PP y liderada por Jorge Sedano, en la que se aprobó una certificación extra de 1,2 millones. Una auditoría encargada por el gobierno de Antonio Francés detectó que 1,2 millones no se tendrían que haber desembolsado, por lo que se planteó una demanda por la vía de lo contencioso-administrativo, que fue desestimada por prescripción.
Mientras el Ayuntamiento insiste en que estos 1,2 millones no se tendrían que haber desembolsado, el arquitecto responsable, Octavio Raduán, alegó en su comparecencia que todo lo certificado está ejecutado y negó que se hayan cobrado los mismos trabajos dos veces.
De hecho, las diligencias se han incoado tras una denuncia de la Fiscalía de Alicante, en base a presuntos delitos de falsedad documental y estafa, fundamentados en certificaciones de obras que serían irreales.
