23 de enero de 2016
23.01.2016
Alcoy

El juzgado cita a Ortiz y a un técnico por sobrecostes irregulares en el Calderón

El empresario y el jefe de obras tendrán que aclarar certificaciones por valor de 164.000 euros

23.01.2016 | 05:39
Francisco Camps junto a Jorge Sedano en la inauguración de la reforma del Calderón.

De momento, queda al margen 1 millón de euros que el Ayuntamiento tiene en el punto de mira.

No es por los 12 millones que costó la remodelación/ampliación del Teatro Calderón de Alcoy, que se había presupuestado inicialmente en 1,6 millones; ni tampoco por los 1,2 millones que el Ayuntamiento entiende no se tenían que haber pagado a Ortiz e Hijos, porque era un exceso. De momento es por 164.000 euros en certificaciones de las obras que, de entrada, se sospecha no se ejecutaron, pero en el gobierno local del PSOE se considera un principio, después de que el juez de Instrucción número 2 haya citado como investigados al empresario Enrique Ortiz y al responsable de los trabajos, Octavio Raduán.

El empresario y el técnico deberán comparecer el lunes en el marco de las diligencias previas que tiene abiertas el Juzgado número 2, a raíz de una querella presentada por la Fiscalía de Alicante tras una denuncia del Ayuntamiento de Alcoy, que se ha personado en el proceso, explicó ayer la concejal de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano.

Los gobiernos del PP de Miguel Peralta y Jorge Sedano apostaron en su día, frente al auditorio que el anterior de José Sanus pretendía habilitar en la manzana de Rodes, por remodelar y ampliar el Calderón para convertirlo en el «gran teatro de Alcoy». El proyecto se adjudicó a Ortiz e Hijos por 1,6 millones de euros, pero al final se disparó hasta los 12 millones, porque se añadieron dos fases más y se redimensionó la actuación hasta prácticamente hacer un teatro nuevo. La Conselleria de Cultura financió en parte la intervención, que aún está abonando.

Todo el problema legal se suscitó a raíz de que en diciembre de 2008 la Junta de Gobierno presidida por Jorge Sedano acordara el pago de una certificación extra de 2,1 millones en base a los excesos registrados. El gobierno posterior de Antonio Francés encargó una prueba pericial de este abono, que concluyó que 1,2 millones no se tendrían que haber pagado, pero un contencioso posterior consideró prescritos los posibles pagos irregulares a Ortiz.

Ahora, la demanda se ha efectuado concretamente por 164.000 euros en certificaciones de obras que se sospecha no se ejecutaron, y de ahí la investigación por estafa y falsedad documental. El juez ha citado a Ortiz y al técnico para el próximo lunes, con el fin de que puedan manifestarse sobre esta cuestión. Por otro lado, el día 28 comparecerán los dos peritos que han estudiado este complejo asunto: el judicial y el del Ayuntamiento que en su día analizó las obras y los pagos.

Abonos del Consell hasta 2022
Hay que significar, por último, que la reforma del Calderón se seguirá abonando hasta 2022, después de que la Conselleria de Cultura reprogramara unilateralmente los pagos, que debería haber completado en 2013. El Ayuntamiento adelantó todo el dinero.

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