El juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcoy ha archivado una denuncia del sindicato Sipol contra el alcalde Antonio Francés, los concejales Jordi Martínez y Nacho Gómez -que ya no lo es-, el ex jefe de la Policía Local José Luis Guerrero y dos técnicos municipales, incluyendo la secretaria general. La demanda había sido planteada por presuntos delitos de prevariación administrativa y falsedad documental, y se archiva tras no encontrarse indicio delictivo alguno.
Esta resolución judicial es idéntica en cuanto a resultado a la que pronunció la juez del Juzgado número 4 en noviembre, sobre otro asunto relativo a la Policía Local, y que había imputado al alcalde Francés. En este caso, el fondo del asunto era el nombramiento como jefe de José Luis Guerrero, considerado como prevaricación administrativa, así como una falsedad documental, al prorrogase su comisión de servicios estando de baja.
El juez, en una contundente argumentación señala que no se han encontrado indicios de la comisión ni de uno ni de otro delito, por lo que archiva el asunto, decisión que puede ser recurrida. Además, explica que la decisiones tomadas por el alcalde y los concejales estaban avaladas por informes jurídicos, incluyendo el visto bueno de la secretaria general. En gran parte sustenta los razonamientos en las dificultades existentes para contratar, debidas a las limitaciones impuestas por la Subdelegación del Gobierno.
Además, indica que las mismas normas municipales se utilizaron «en otros puestos funcionariales cuando se han dado circunstancias excepcionales», lo cual derivó en 16 asignaciones, que no han sido cuestionadas. En consecuencia, el magistrado entiende que «no se sustenta el planteamiento prevaricador», a la vez que resalta que la falsedad documental argumentada -una ampliación de la comisión de servicios de Guerrero estando de baja- se ha constatado no existió.
La sentencia hace referencia a la «extraordinaria litigiosidad» que mantiene el sindicato Sipol en contra del Ayuntamiento, así como a su interés en «criminalizar» un asunto en el que «no existe indicio alguno de arbitrariedad».
Por último, el juez desestima la ampliación posterior de la denuncia contra un técnico y la secretaria general del Ayuntamiento. Tras señalar que esta petición se produce después de haberse desmontado las acusaciones, al constatarse que las medidas estaban avaladas por informes, el fallo apunta que se actúa contra los técnicos «sin indicio alguno que permita dudar de la independencia y profesionalidad de los mismos».
