No ha habido sorpresa. El Tribunal Supremo ha ratificado la sanción de 601.012 euros que el Consejo de Ministros impuso al Ayuntamiento de Alcoy por daños causados en los barrancos de Serelles y dos vías pecuarias, durante el proceso de urbanización de la zona para la construcción de los chalés. El tribunal ha rechazado el recurso del Ayuntamiento, que estudiará una eventual apelación al Constitucional, pero que se prepara para pagar la sanción, que asumirá en solitario ante la situación de insolvencia de la promotora Luxender, según explica el alcalde Antonio Francés. También ha sido condenado a restituir los daños causados, un proyecto de 674.183 euros que se financiará con cargo a los avales incautados a la citada mercantil.
