Alcoy

El juez rechaza indemnizar a Ortiz por las pérdidas del parking de la Rosaleda

Desestima la demanda en la que se reclamaba al Ayuntamiento el pago de 1,2 millones de euros

10.01.2016 | 04:53
El parking está situado debajo del parque de la Rosaleda.

El Juzgado de lo Contencioso número 3 de Alicante ha rechazado indemnizar a la UTE formada por Enrique Ortiz y Auplasa por las pérdidas que está registrando en la gestión del parking de la Rosaleda de Alcoy. La sala ha desestimado la demanda en la que se le reclamaban al Ayuntamiento 1.275.441 euros en concepto de reequlibrio económico-financiero del contrato.

Tal y como ha venido informando este diario, el pasado mes de mayo la UTE formada por Enrique Ortiz e Hijos y Autobuses Playa de San Juan, concesionaria de la explotación del parking de la Rosaleda, solicitó al Ayuntamiento de Alcoy una indemnización por las pérdidas acumuladas durante los años de explotación. El Consistorio desestimó tal pretensión, lo que derivó posteriormente en una demanda contenciosa.

La denuncia estaba basada en tres motivos: la permisibilidad o tolerancia por parte del Ayuntamiento a la hora de permitir aparcamientos ilegales en la zona, el cambio de los accesos al parking y la apertura de nuevos aparcamientos públicos.

Según señalaba ayer la concejal de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, todas estas cuestiones fueron rebatidas en la vista por el ingeniero municipal y el jefe de los servicios económicos y tenidas en cuenta en la sentencia para desestimar la demanda. Además, destaca la edil, el juez considera que en el estudio económico financiero presentado por la UTE que le sirvió de base para formular su oferta y resultar adjudicataria de la concesión ya se preveían pérdidas durante los 11 primeros años de la explotación, y fueron asumidas por la mercantil.

El juzgado se acoge en este sentido a la doctrina invocada por el Ayuntamiento, declarando que los licitadores que concurren a la licitación de un contrato público son perfectamente conscientes de las normas y condiciones que rigen el mismo y formulan libremente sus ofertas, asumiendo el riesgo y ventura de lo que pudiera acontecer durante su vigencia.

Zamorano, asimismo, resaltaba que «el juez considera probado que la falta de mantenimiento de las instalaciones por parte del concesionario, y el hecho de que debido a este deterioro toda una planta permanezca cerrada, es causa directa de la merma de ingresos de la UTE, pero que en ningún caso cabe imputar a la administración local y menos servir de base a la solicitud de reequilibrio económico por parte de la empresa que ha incumplido sus propias obligaciones de mantenimiento».

Por otra parte, la concejal recordaba que «una vez más estamos hablando de una indemnización millonaria en torno al proyecto de la Rosaleda», por lo que añadía al respecto que «desde el gobierno municipal seguimos trabajando para defender los intereses de la ciudad frente a aquellos que han intentado llevarse dinero a manos llenas».

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