El Juzgado de lo Contencioso número 3 de Alicante ha desestimado la demanda de la UTE Enrique Ortiz e Hijos y Autobuses Playa de San Juan, concesionaria del parking de la Rosaleda de Alcoy, por la que reclamaba al Ayuntamiento 1,2 millones en concepto de reequilibrio económico-financiero del contrato. La UTE en concreto, solicitaba una indemnización por las pérdidas acumuladas durante los años de explotación, sobre la base de la permisibilidad o tolerancia por parte del Ayuntamiento al permitir aparcamientos ilegales en la zona, el cambio de los accesos al aparcamiento y la apertura de nuevos parkings públicos. El juzgado, sin embargo, ha dado la razón al gobierno municipal, desestimando la demanda.
