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Alcoy

El gobierno dice que pierde «parte de un caso» por la Policía Local

Un oficial afirma que este fallo implica la «anulación de todos los actos donde haya intervenido» el anterior jefe

La demanda judicial fue formulada por Carlos Martín. JUANI RUZ

El gobierno local del PSOE de Alcoy reconoció ayer, a través de un comunicado, la pérdida «parcial» de un caso en torno a la Policía Local, al haber fallado el TSJ, como informó este diario, la anulación del decreto que hizo efectiva la comisión de servicios que permitió la incorporación como inspector de José Luis Guerrero, que cinco días después sería nombrado jefe. La demanda había partido de Carlos Martín, anterior jefe del cuerpo

Desde el equipo de gobierno se subraya que la sentencia anula la comisión de servicios, pero «no entra en declarar nula» su proclamación como jefe. Sí reconoce que es «contraria a derecho» la comisión de servicios, pero insiste en que se hizo «con los correspondientes informes de los departamentos del Ayuntamiento».

Además, desde el equipo que lidera Francés se incide en que esta resolución deja claro que «la jurisdicción contencioso-adminstrativa es la encargada de resolver las diferencias entre funcionarios y la administración y no como se ha hecho en otros caos, acudiendo a la jurisdicción penal». Igualmente, subraya que entre la anterior legislatura y la actual se generaron «once contenciosos en la Policía Local, de las cuales sólo se ha obtenido sentencia favorable para los demandantes en esta ocasión, mientras que los otros diez han sido ganados por el Ayuntamiento».

Como contrapartida, aporta el dato de que en la última legislatura del PP se presentaron 24 contenciosos, ganando 8 el Ayuntamiento y 16 los demandantes.

Por otro lado, el oficial de la Policía Local Cristóbal Polonio ha explicado que la sentencia «supone la anulación de todos los actos donde haya intervenido D. José Luis Guerrero, como propuestas de expedientes, anulación de vacaciones, separación del servicio, etc», a la vez que resalta que el fallo será incorporado a los autos en las cuatro querellas en curso, para que se tenga en cuenta. También considera que esta sentencia acredita que se «tomaron represalias contra los que denunciamos esa ilegalidad», por parte del gobierno municiopal.

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