Los propietarios de terrenos que fueron objeto de expropiaciones para la ampliación del Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), en el proyecto que ha incluido el pabellón polideportivo, han solicitado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la ejecución provisional de la sentencia que obligaría al pago de 3 millones de euros, cantidad a la que habría que sumar los intereses.
El pasado mes de agosto, como se viene informando, el TSJ condenó a la UPV a pagar casi 3 millones de euros por expropiaciones en la cima de La Beniata, a espaldas del edificio de Carbonell, para su plan de ampliación. Estos terrenos habían sido valorados en 300.000 euros, aunque posteriormente el Jurado Provincial elevó esta cantidad a 1,1 millones. Los propietarios, disconformes, recurrieron al TSJ, que ha fallado a su favor, fijando casi 3 millones en indemnizaciones.
Los pagos tendría que asumirlos la Politécnica, pero la concejal Lorena Zamorano, responsable del área jurídica, ya anunció que el Ayuntamiento sería «solidario» en caso de sentencia favorable, y de hecho es la instancia que ha formalizado el recurso. La apelación ha sido admitida a trámite y será valorada en su día por el Tribunal Supremo.
Mientras tanto, los propietarios de terrenos afectados han solicitado a la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ la ejecución provisional de la sentencia, esto es el pago de las indemnizaciones fijadas, más los intereses correspondientes. Estos vecinos confían en una pronta resolución favorable, toda vez que afirman que llevan «siete años» esperando una solución.
De hecho, aseguran que durante todo este tiempo han intentado llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Alcoy, pero los gobiernos del PP «ni siquiera nos recibieron», mientras que los actuales del PSOE «nos han escuchado pero no han movido ni un dedo para posibilitar el acuerdo», según ha podido saber este diario.
Además, las defensas discrepan abiertamente del argumento que ha aportado el Ayuntamiento en su recurso, ya que no se puede aducir la «unificación de doctrina» que se ha puesto sobre la mesa. En concreto, explican que no existe «contradicción» en los fallos, que estiman de forma distinta las indemnizaciones, ya que en un caso se considera aplicable el Plan especial de delimitación para la reserva de suelo dotacional en el ámbito próximo al Campus, mientras en el otro corresponde el PGOU y la Homologación del casco antiguo. En un caso se estima la edificabilidad en 0,60, mientras que en el segundo es de 1,318, lo que, a su juicio, justifica la diferencia de compensaciones establecidas.
Las defensas de los propietarios han contestado el recurso del Ayuntamiento, amparándose en estos planteamientos y confían en que ahora se decrete la ejecución provisional del fallo y, en consecuencia, el pago de los 3 millones.
En su día, el Ayuntamiento y la UPV suscribieron un convenio para la ampliación del Campus, que ha permitido la urbanización de una parte de la cima de la Beniata, incluyendo el edificio con el complejo deportivo y el aparcamiento. Una de las cláusulas establecía que las expropiaciones, que se valoraron en 300.000 euros, correrían a cargo de la UPV, pero el Ayuntamiento ya ha dejado claro que sería solidario en caso de sentencia desfavorable.
Si se estima por parte del tribunal la ejecución provisional de la sentencia, la UPV puede encontrarse ante un serio contratiempo, ya que podría verse obligada a desembolsar cerca de 3 millones de euros, en una época en la que la disponibilidad presupuestaria es muy limitada.
