El Ayuntamiento de Ibi emplazará al Consell a retirar el recurso presentado contra la sentencia que le obliga a abonar a las arcas municipales dos millones de euros por la construcción del Palacio de Justicia. El objetivo del Consistorio es recuperar cuanto antes la inversión realizada, y que no se produzcan nuevas dilaciones derivadas del proceso judicial.
Tal y como ha venido informando este diario, el gobierno local del PP de Mayte Parra y el de la Generalitat de Francisco Camps llegaban a un acuerdo por medio del cual el Ayuntamiento adelantaba la inversión para el nuevo Palacio de Justicia y el Consell la reintegraba. A la vista de que el ejecutivo autonómico no cumplía con su parte, el Consistorio presidido ya por Rafael Serralta optó por denunciar a la Generalitat ante los tribunales, fallando el TSJ a favor del Ayuntamiento y obligando al reintegro de los dos millones a través de un plan de pagos de ocho anualidades.
El Consell, sin embargo, recurría posteriormente ante el Tribunal Supremo, alegando que jamás se llegó a concretar la adenda que establecía el plan de pagos, lo que invalida, a su juicio, el citado fallo.
La decisión autonómica provocaba un profundo malestar en el gobierno local del PP en Ibi, habida cuenta que el recurso supondrá, como mínimo, un retraso a la hora de recuperar la inversión. Es por ello por lo que en el próximo pleno será presentada una moción a través de la cual se insta a la Generalitat a retirar el recurso. Según explicaba la portavoz, Amparo Pina, «el objetivo es hacer presión e intentar que este asunto se acabe de una vez. Consideramos que tenemos razón y no queremos que haya más retrasos a la hora de recuperar el dinero».
Modificación del PGOU
En el mismo pleno, por otro lado, el Ayuntamiento tiene previsto aprobar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), al objeto de adaptarlo a la actual Ley Urbanística Valenciana en lo que respecta a la superficie mínima para edificar.
Según explicó Amparo Pina, «en Ibi tenemos algunas zonas de suelo no urbanizable común donde se permite construir en parcelas de más de 5.000 metros cuadrados, cuando la ley autonómica dice que tienen que ser más de 10.000. De lo que se trata es de adaptar el PGOU, dado que está afectado por una normativa jerárquicamente superior».
