La consellera Gabriela Bravo, titular de Justicia, se comprometió el pasado día 2 a que la decisión sobre el futuro de la sede judicial de Alcoy sería rápida y está cumpliendo, al menos en la tramitación. Técnicos de su departamento han visitado recientemente el edificio de la plaza de la Mare de Déu, con el objeto de cuantificar cuánto costaría su puesta en marcha, según ha explicado el alcalde Antonio Francés.
Bravo, como se ha venido informando, dejó claro durante su visita que se iban a estudiar las dos opciones; es decir, la posibilidad de acometer la rehabilitación de la sede actual, que está al borde de la ruina y el eventual traslado al edificio que preparó el Ayuntamiento y que lleva prácticamente cinco años cerrado a la espera de su ocupación. No obstante, aseguró que todo se haría por vía de «urgencia» y en cierto modo está cumpliendo, ya que técnicos de su departamento han acudido al recinto para inspeccionarlo y valorar el coste de la inversión necesaria para su utilización, según Francés.
Deteriorado
El edificio de Al-Azraq, como se viene informando, está muy deteriorado y amenazado de cierre desde hace casi tres años por la Inspección de Trabajo. Un informe elaborado en la etapa del conseller Serafín Castellano cuantificó en 1 millón la inversión necesaria para su adaptación, pero nunca llegó a presupuestarlo. En cuanto al complejo de la Mare de Déu, el Ayuntamiento alcanzó un acuerdo con la Generalitat en virtud del cual se abonaría un alquiler anual de 30.000 euros y más adelante se buscaría la forma de que el consistorio pudiese recuperar los 3,5 millones de euros que invirtió en su rehabilitación, acondicionamiento y construcción de un recinto anexo. El convenio nunca llegó a ser oficial.
Ahora, el equipo de Gabriela Bravo decidirá si la opción más conveniente es rehabilitar el actual o el traslado al nuevo. Francés confía en la segunda opción.
