El PSOE de Ibi considera que el conflicto generado en los tribunales entre el Ayuntamiento y la Generalitat por el Palacio de Justicia se debe a que el director general de la última etapa del presidente Fabra adquirió un compromiso de pago para el que no tenía atribuciones.
El TSJ ha condenado a la Generalitat Valenciana a indemnizar al Ayuntamiento de Ibi con 2 millones de euros por la inversión realizada para el Palacio de Justicia, amparándose en la adenda que firmó el citado director general comprometiendo los pagos. Abogacía de la Generalitat ha recurrido la sentencia ante el Supremo.
Tras una reunión con la consellera Bravo, desde el PSOE de Ibi se ha indicado que Abogacía justifica el recurso en un exceso de atribuciones por parte del director general y que la consellera Bravo se ha comprometido a «acatar» la sentencia del Supremo.
