Los alcaldes de los cuatro municipios de la Foia de Castalla han denunciado a Iberdrola ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por no atender la demanda de suministro eléctrico en la comarca. Los primeros ediles afirman que los retrasos en la subestación o, en su caso, de la estación provisional, están paralizando de forma notoria y grave la implantación de nuevas actividades económicas e industriales en toda la zona. Además, resaltan que la compañía viene solicitando importes indebidos y exorbitantes a empresas y ayuntamientos sin ejecutar las instalaciones.

Los alcaldes de Ibi, Rafael Serralta; Onil, Humi Guill; Tibi, Juan José Ballester; y Castalla, Antonio Bernabeu, dieron cuenta ayer en el Ayuntamiento de este último municipio de la interposición de una denuncia contra Iberdrola en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Según se cita en el texto de la propia demanda, desde hace ya más de diez años la citada empresa, utilizando la posición de dominio derivada de su condición de concesionaria de distribución eléctrica en la zona, «está impidiendo realizar las actuaciones necesarias para suministrar electricidad en función del crecimiento vegetativo de dichas poblaciones y de las previsiones y necesidades de consumo residencial e industrial».

Los denunciantes señalan que Iberdrola justifica su actuación en la previsión realizada por Red Eléctrica de España de ejecutar en un futuro la subestación eléctrica proyectada en Castalla, lo que para los ayuntamientos no es excusa, toda vez que, resaltan, la compañía «debe asumir el coste necesario para mantener adecuadamente las instalaciones existentes o ejecutar las mejoras de las mismas para mantener el suministro eléctrico con normalidad».

Más de 2 millones

En este sentido, los alcaldes recuerdan que ante la caótica situación, Iberdrola ofreció como alternativa la posibilidad de ejecutar una subestación provisional, que situaría en el mismo emplazamiiento que la subestación definitiva. Para ello, resaltan, ha venido exigiendo el abono de determinados importes a empresarios, ayuntamientos y urbanizadores, algunos de las cuáles han sido satisfechos y otros no. La denuncia, en concreto, enumera algunas de las cantidades solicitadas por la compañía eléctrica, que suman alrededor de 2,2 millones de euros.

El conflicto radica en que, para los municipios demandantes, la mercantil no debería exigir el pago de cantidad alguna para costear la instalación de una subestación. «Si lo que se pretende -señalan- es ejecutar la subestación definitiva, entendemos que se trataría de una obra a costear por Red Eléctrica de España, y si por el contrario se trata de una subestación provisional para dotar de suministro a la zona afectada, en lo concerniente al crecimiento vegetativo y a usos de suelo urbano, residencial o industrial, el coste debe ser asumido por la mercantil denunciada como concesionaria».

Además, destacan que los importes que han venido siendo exigidos, que califican de «indebidos y exorbitantes», superarían el coste previsto para la subestación provisional, que asciende aproximadamente a 2.480.000 euros. Todo ello con el agravante de que siguen sin ejecutarse las instalaciones.

En resumen, y según se hace constar en la demanda, los municipios afectados consideran que «la actuación seguida por Iberdrola, al margen de la posición de dominio ejercida para percibir importes de forma injustificada, está paralizando de forma notoria y grave la implantación de nuevas actividades económicas e industriales en toda la zona, en la que ya existen diversos polígonos y actuaciones urbanísticas finalizadas que no pueden ser objeto de puesta en funcionamiento, ante la falta de dotación y suministro eléctrico».

El alcalde de Castalla, Antonio Bernabeu, no dudaba a la hora de señalar que Iberdrola está incurriendo en «prácticas abusivas», destacando Rafael Serralta que el Ayuntamiento de Ibi ya ha abonado a la compañía 590.000 euros «para una subestación que no se ha hecho». Al margen de la denuncia, se están llevando a cabo otras acciones para intentar agilizar la subestación, que en las últimas previsiones ministeriales se ha pospuesto a 2018. Así, la Generalitat, explicó la alcaldesa de Onil, Humi Guill, está realizando un estudio sobre la capacidad energética de la actual estación de Ibi, además de que siguen captándose apoyos. El primer edil de Tibi, Juan José Ballester, destacó que «si las obras no empiezan ya, en 2018 seguiremos sin subestación».

Desde Iberdrola, por último, declinaron ayer hacer declaraciones sobre el asunto.