No harán falta tres meses para que el Ayuntamiento de Alcoy tramite el expediente de Alcoinnova. Ni siquiera uno. De hecho, los informes de los técnicos municipales están casi a punto, según ha podido saber este diario de fuentes solventes, y se prevé que la próxima semana las conclusiones estén en manos del grupo La Española, promotora de la ATE y del proyecto económico para la zona de La Canal. Y los dictámenes no son negativos, ya que los técnicos sólo han apreciado cuestiones catalogadas como «menores» y «perfectamente subsanables», al menos a criterio del Ayuntamiento, según han explicado las fuentes consultadas.
Al margen de la polémica institucional con la Conselleria de Economía Sostenible, de las diversas iniciativas en las Cortes Valencianas y de la tormenta política, los técnicos municipales han trabajado desde el día 29 de octubre en que llegó el expediente desde Valencia en el análisis de la documentación, que ya tiene el visto bueno de los expertos de la propia Generalitat.
Según ha podido saber este diario de fuentes de plena solvencia, el proceso de estudio está prácticamente terminado y los informes, casi listos. De hecho, la previsión del gobierno del PSOE que lidera Antonio Francés pasaría por remitir a la Española las conclusiones a lo largo de la próxima semana.
En principio, las informaciones recogidas apuntan a que los técnicos no han detectado reparos importantes o concluyentes que pudieran contribuir a descartar o suspender el proyecto del grupo la Española. De hecho, el informe medioambiental está prácticamente listo e incorpora casi en exclusiva correcciones sobre la manera en que se tienen que ejecutar las infraestructuras.
Por ejemplo, señalan cuestiones sobre la manera en que tienen que ir las conducciones de agua, gas y electricidad, que deberán construirse siguiendo la carretera de Sant Antoni, al igual que el depósito de aguas que se habilitará junto al actual, con el fin de garantizar el abastecimiento al parque empresarial Alcoinnova, en el supuesto de producirse algún problema con el que suministra a la ciudad.
También se controla de forma importante la depuradora de residuales que tendrá que construirse en el área económica, sobre la base de que su mantenimiento -al igual que el resto de servicios- pasará a estar a cargo del Ayuntamiento una vez esté todo construido y se formalice la recepción de las obras. Por esto mismo, el consistorio ha pedido a los técnicos un control «escrupuloso» de los servicios e infraestructuras.
El dictamen de Urbanismo todavía estaba pendiente de concusión, ya que su estudio está resultando más complejo, resaltan las citadas fuentes. En este caso se están apuntando detalles sobre el tipo de asfaltado, las aceras y cuestiones similares, que en conjunto son «menores» y «perfectamente subsanables» a criterio del Ayuntamiento, según las informaciones recogidas.
En el seno del gobierno local existe una «voluntad total» de «cumplir la ley», de manera que se seguirá el proceso establecido, que en este caso implica elaborar los informes y remitirlos a la promotora para que alegue lo que considere conveniente. Si todo el proceso concluye de manera satisfactoria, el Ayuntamiento otorgará las licencias de obras que correspondan.
Todo el proceso, además, está a expensas de los fallos que pueda publicar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sobre todo el primero que puede producirse en cualquier momento, y que es relativo a la usurpación de competencias municipales en la ATE por el Consell. «Si llega un fallo, lo acataremos, pero mientras tanto cumpliremos con la legalidad vigente. No como hicieron otros con la Estambrera, por ejemplo», precisaron las fuentes consultadas.
